La Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) ha presentado alegaciones al borrador del anteproyecto de ley de modificación de la Ley de Buena Administración y Buen Gobierno para intentar evitar que la futura oficina de transparencia y evaluación pública pueda ser privatizada.
Para UGT, los cambios planteados por el Govern en la Ley del Buen Gobierno abren la puerta a que la oficina de transparencia y evaluación pública se externalice o se privatice, «algo que no garantizaría que esta oficina velará por la buena gestión y el control del registro de intereses y de patrimonio de los altos cargos».
En un comunicado, el sindicato ha señalado que las modificaciones a la norma que quiere incluir el Ejecutivo autonómico «tampoco garantizan que la persona designada como responsable de la oficina de transparencia y evaluación deba ser empleado o empleada pública».
«Estas variaciones se alejan de la objetividad e independencia que requiere un puesto de esta naturaleza», ha advertido UGT.
A juicio de la organización sindical, que ha remitido sus alegaciones a todos los grupos parlamentarios y diputados no adscritos, el proceso de designación de la persona responsable de la oficina de transparencia que se propone ahora es «menos garantista» y hace más fácil el «control y la influencia política».
Además, el nuevo redactado «deja de señalar que al personal que trabaje para la mencionada oficina se le tenga que aplicar el Estatuto Básico del Empleado Público, como sí aparece en la actual Ley de Buen Gobierno», ha destacado.
En este sentido, UGT ha señalado que la aplicación del Estatuto Básico de Empleado Público tanto al director o directora de la oficina de transparencia y evaluación pública como a su personal garantizaría que trabajaran bajo una serie de deberes y obligaciones encaminados al «interés general, la imparcialidad, la independencia y la neutralidad».
«Con estos principios rectores de actuación, que tienen rango legal en el Estatuto Básico del Empleado Público, queda más protegida la defensa del interés general y la lucha contra la corrupción, la arbitrariedad y el abuso de poder», ha destacado UGT, que ha reiterado que las funciones del ente «no pueden caer en manos privadas».