La ministra de Fomento, Ana Pastor, ante la avalancha de críticas recibidas desde Balears y Canarias aclaró en un acto público que tuvo lugar este jueves en Madrid, a petición de la prensa canaria, que «rotundamente el Gobierno mantendrá el 50% de la bonificación de las tarifas».
La periodista Loreto Gutiérrez, de Canarias7, presente en dicho acto, explicaba ayer: «Sin desmentir los topes máximos, la titular de Fomento quiso zanjar las dudas sobre los planes de su departamento frente a a quienes le acusan de intentar desmantelar el descuento aéreo. La ministra dijo, de forma rotunda, que el Gobierno de España mantendrá el 50% de bonificación sobre la tarifa para todos los ciudadanos que vivan fuera del territorio peninsular».
Topes
Gutiérrez explica que la ministra «en ningún momento negó la intervención para fijar la tarifa máxima bonificable».
Desde el Ministerio de Fomento, al respecto, señalaron ayer: «Es cierto que la ministra dijo que estaba garantizado que no se tocará el descuento aéreo del 50%. No hay más aclaraciones sobre esta cuestión».
En el citado acto en Madrid la ministra Pastor puntualizó, según Canarias7, que «lo que está viendo su Ministerio con los trabajos en curso, es que un mismo trayecto se hace por 600 euros y por 60, por lo que estamos estudiando y analizando estas diferencias entre tarifas».
Congreso
Los tres parlamentarios de Balears del Grupo Parlamentario Socialista, Pablo Martín, Sofía Hernanz y Guillem García registraron ayer una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados, junto a otros diputados, por la cual instan al Gobierno a «no fijar las cuantías máximas bonificables al transporte marítimo y aéreo de los ciudadanos residentes en las comunidades autónomas de Canarias, Illes Balears ,así como en las ciudades de Ceuta y Melilla».
Según los socialistas, los Presupuestos de 2013 recogen una previsión que deja en manos de la ministra de Fomento, Ana Pastor, la potestad para establecer «cuantías máximas bonificables» en los billetes para viajar hacia o desde las islas y las ciudades autónomas, lo que en la práctica supondría una reducción de la bonificación.