El PSM promoverá en el Parlament una declaración soberanista, en línea con la que aprobó el miércoles la Cámara catalana. Según Biel Barceló, aunque el reparto de fuerzas políticas en Balears, no augura que vaya a ser aprobada, «siempre es una opción de futuro».
Biel Barceló afirmó que su declaración soberanista será «por el derecho a decidir» y que, además de en el Parlament, será presentada en los ayuntamientos. La propuesta también aludirá a la «soberanía fiscal» y, en este sentido, presentó ayer una serie de propuestas para crear impuestos que no repercutan en las clases medias pero que, a la larga, significarían ingresos de hasta 140 millones de euros frente 58 que se recaudarían con lo que anunció el Ejecutivo y que aún no ha aprobado.
El PP votará contra declaración «por el derecho a decidir». El PSIB, esperará a conocer el texto definitivo antes de tomar una decisión.
Análisis previo
En Catalunya, este asunto ha dividido a los socialistas. Diputados del PSC se desmarcaron del ‘no' de la dirección. Para los socialistas del PSIB, que ayer celebraron en Menorca unas jornadas parlamentarias, este es un asunto incómodo, si se tiene en cuenta el debate interno que siempre ha mantenido el socialismo de las Islas sobre la necesidad de ser ‘más PSIB' o ‘más PSOE'.
El secretario de política autonómica del PSIB, Cosme Bonet, afirmó ayer que el PSIB «no está en contra del derecho a decidir' si se hace en el marco de la Constitución. Sobre la propuesta concreta del PSM afirmó que «la Ejecutiva decidirá cuando conozca el texto» y que, tal como hizo el PSC en Catalunya, presentará una propuesta alternativa.
El PSM-Iniciativaverds aludió a este asunto al presentar su propuesta para crear tres impuestos, entre ellos uno que viene a ser una ‘ecotasa2', un impuesto que gravaría la estancias en alojamientos turísticos y del que quedarían excluidos los residentes. También propone un gravamen para las instalaciones que inciden en el medio ambiente y un impuesto sobre los depósitos bancarios, similar al que han aprobado otras comunidades y que el Gobierno central ha dejado sin efecto al aprobar una norma similar que anula las iniciativas de las comunidades autónomas.