La nueva redacción de la llamada Ley del Buen Gobierno aprobada en la época del Pacte que el actual Ejecutivo ha enviado al Parlament cambia o elimina buena parte de los instrumentos de control previstos en la versión que ahora está vigente aunque algunos de ellos estaban pendientes de desarrollar en un reglamento que no se ha llegado a aprobar, entre ellos los relativos a la Oficina de Transparencia.
La diputada socialista Lourdes Aguiló, que era secretaria general del Presidència cuando se elaboró la ley, destacó que ahora se eliminan controles sobre altos cargos y asesores. Aguiló compareció ayer ante los medios junto a la secretaria general del PSIB, Francina Armengol, para anunciar una serie de cambios. Entre ellos, que los controles también se extiendan a los Consells, algo no previsto cuando se aprobó.
También el secretario general del PSM, Biel Barceló, aludió ayer al proyecto: dijo que aprovechará el paso por el Parlament para exigir «publicidad total» a las de declaraciones de bienes e intereses.
El Govern ha rebajado lo previsto en la norma. Según la oposición, con la idea de dejar fuera todo lo referente a la farmacia del president Bauzá y a otros
Desde el Govern se niega este extremo y se ha lanzado un ofensiva informativa a través de las redes sociales para desmarcarse de las tesis de la oposición.
Armengol lamentó ayer que, en pleno escándalo por el ‘caso Bárcenas', Bauzá «vaya en sentido contrario».