El Institut Mallorquí d´Afers Socials (IMAS) destinó el año pasado 5.195.796 euros a la Renta Mínima de Inserción, de la que fueron titulares 1.840 personas y benefició a 4.802. Los datos indican que el aumento de la demanda de esta ayuda, destinada a personas en situación de vulnerabilidad social, no cesa y sube de forma constante desde el año 2007 (ver gráfico), pero lo más llamativo es que desde el año pasado las personas de nacionalidad española que reclaman esta ayuda ya son mayoría frente a las demás nacionalidades y muchos de ellos, además, son personas que hasta hace poco pertenecían a la clase media y tienen, incluso, estudios superiores. En efecto, el coordinador del Área de Inclusió del IMAS, Octavio Cortés, reconoce que crece el perfil no sólo de nacionales, sino de nacionales normalizados demandantes de esta ayuda, «entorno al 10 o 15% de los demandantes son personas con formación superior y provienen de la clase media».
Así, hasta el año 2011 los principales titulares de la RMI eran los extranjeros, el 62,5%, frente a las personas de nacionalidad española, el 37,5%. Eso cambió en 2012, cuando ya casi uno de cada dos, el 45%, era español.
Aportación extra
En general, desde el año 2007, los beneficiarios de la RMI se han multiplicado por cuatro y el presupuesto se ha duplicado.
Para el año 2012 el IMAS tenía un presupuesto inicial de 3,7 millones de euros, pero hacia el verano ya se había agotado, por lo que fue preciso recurrir a una aportación extraordinaria de parte del Consell, 1,2 millones más que llegaron el pasado mes de noviembre. Además se destinó una parte de los recursos propios del Institut, hasta alcanzar los más de 5 millones que se destinaron el año pasado. Esa aportación extra del Consell, explica Cortes, «nos permitió acabar con la lista de espera que había y tramitar todas las solicitudes». El parón que hubo en verano explica por qué 2012 acabó con menos titulares que el año anterior, un dato que puede resultar engañoso, «ya que no es que se haya reducido la demanda».
La RMI es una ayuda económica que, depende de cada caso, pero de media son 486,98 euros al mes. Se gestiona a través de los consells insulares aunque el dinero procede del Govern.
Esta ayuda se entrega a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o en vías de exclusión social, que no perciben otras ayudas ni han renunciado a un trabajo. A cambio, los perceptores de la ayuda deben cumplir con programas de inserción social y laboral.
El perfil del demandante mayoritario de esta prestación es el de una mujer de entre 30 y 44 años, con una situación de dependencia a su cargo.