Desde el inicio de la crisis en el año 2008 –que ha azotado con especial dureza al colectivo de trabajadores extranjeros– un total de 1.665 inmigrantes residentes en el Archipiélago se han acogido a alguno de los dos programas existentes de retorno voluntario a sus países (otros muchos regresaron por su cuenta).
En concreto, 801 inmigrantes extracomunitarios han solicitado el retorno a través del Plan de Abono Anticipado de la Prestación Contributiva por Desempleo a Extranjeros (Apre), que aprueba el SOIB y gestiona Creu Roja (al menos hasta ahora), según los datos aportados por la Delegación de Gobierno de las Islas. Este servicio ofrece la posibilidad de retornar a su país a aquellas personas inmigrantes extracomunitarias procedentes de países con convenio bilateral con España en materia de Seguridad Social, que estén en situación de demandantes de empleo y tengan reconocido el derecho a la prestación por desempleo.
En este caso, Creu Roja aporta a estas personas unas ayudas complementarias –consistentes en el pago del billete y 50 euros de bolsillo–. Pero para ello cuenta con un presupuesto limitado, que el año pasado, por ejemplo, se terminó en el mes de abril –hasta ese mes se concedió a 28 personas–, por lo que en el resto del año no se pudieron conceder más. «Las personas que siguieron tramitando el regreso tuvieron que asumir el coste del billete», explicó Rocío Redondo, técnica responsable de este programa en Creu Roja Balears. Desde 2008 se han concedido estas ayudas complementarias a 251 extranjeros.
A estos 801 retornados, se deben sumar los 864 extranjeros en situación irregular que desde ese año 2008 han pedido el retorno a través del Programa de Retorno Voluntario de inmigrantes extracomunitarios que ofrece el departamento de Inclusión Social de Cruz Roja en Balears. En 2012 se marcharon 130 extranjeros por esta vía.
Se trata de un programa que ofrece la posibilidad de retornar a aquellos inmigrantes extracomunitarias en situación de vulnerabilidad o que se encuentren en riesgo de exclusión social y que hayan permanecido en España un mínimo de seis meses. A través de este programa se les paga el billete y se les presta la ayuda necesaria.