Baleares fue durante el 2011 la segunda Comunidad Autónoma con más ingresos recaudados por trabajador, con un total de 2,84 millones de euros, aunque, como el resto de autonomías a excepción de La Rioja, perdió eficacia en este sentido.
Así consta en un informe del Ministerio de Hacienda que recoge Europa Press y que detalla, por otra parte, que Galicia y el Principado de Asturias fueron las regiones del régimen común más eficaces en 2011 en el proceso recaudatorio de los impuestos que tienen cedidos las comunidades autónomas, frente a Canarias y Andalucía que se situaron a la cola en este ranking.
El documento, que analiza la gestión autonómica de los tributos cedidos por el Estado en el ejercicio 2011, acaba de ser remitido a las Cortes, y en sus conclusiones se recoge que «la relación de derechos recaudados sobre contraídos líquidos, que refleja el grado de eficacia del proceso recaudatorio» se situó en el 69,1% de media en el país, casi cinco puntos por debajo del de 2010.
Así, las máximas cotas se alcanzaron en Galicia (81,4%) y el Principado de Asturias (80,7%), mientras que en Canarias se quedó en el 61,2% y en Andalucía, en el 62,8%.
No obstante, Hacienda señala que el porcentaje de derechos anulados sobre el total, que se sitúa en el 8,6% de media nacional, llega a máximos del 34,2% en Galicia, por lo que sería «aconsejable prestarle la atención debida, dado que podría revelar incidencias en los proceso de gestión», lo mismo que en Cantabria (10,9%) y Cataluña (10,1%).
Recaudación por trabajador
En su informe, el Ministerio señala que a finales de 2011 un total de 3.675 personas trabajaban en la gestión de los tributos cedidos, cifra que alcanza los 5.774 empleados si se incluye el personal de las empresas de servicios y de las oficinas liquidatorias, un 1,1% menos que los 5.836 trabajadores que había en 2010.
Las regiones con las plantillas más extensas eran Andalucía (736), Madrid (455) y Castilla y León (369), si bien los mayores cambios con respecto de 2005 se han experimentado en Asturias (+116%), Cantabria (+27,7%) y Extremadura (+16,2%), así como en Andalucía (-26,3%), Valencia (-16,1%) y Canarias (-11,8%).
Así, el documento se detiene en la recaudación media por trabajador --sin contar los efectos timbrados--, un dato que «ofrece indudable interés» y que en 2011 alcanzaba los 1,57 millones de euros, un 16,6% menos que un año antes, cuando la ratio era de 1,89 millones de euros.
Las comunidades que más ingresos recaudaron por trabajador fueron Madrid (2,88 millones), Baleares y Cataluña (2,55 millones). Sin embargo, todas las regiones perdieron eficacia en este sentido, con la única excepción de La Rioja, que experimentó un incremento del 10,8%, pasando de 1,33 millones de 2010 a 1,47 millones en 2011.
En concreto, las regiones que más eficacia recaudatoria perdieron fueron la Comunidad de Madrid (-22,4%), Murcia (-18,8%), Cantabria (-18,1%) y Cataluña (-17%), mientras que las que menos retroceso experimentaron fueron Castilla-La Mancha (-1,2%) y Galicia (-4,43%).
Aumenta el índice de demora en todos los impustos
Por otra parte, el índice de demora --la relación entre los expedientes pendientes al final de un ejercicio y la media mensual de expedientes despachados durante el mismo, ratio con la que se calcula el número de meses necesarios para eliminar todo el trabajo acumulado en el supuesto de mantener el ritmo y que no entraran nuevos documentos-- aumentó de manera generalizada para todos los impuestos que gestionan las comunidades autónomas.
El índice de demora del Impuesto de Sucesiones y Donaciones aumentó de los 4,7 meses de 2010 a los 4,8 meses de 2011, con acumulaciones «significativas» en La Rioja, Galicia y Murcia, si bien hay que tener en cuenta que las declaraciones de este gravamen también se incrementaron un 0,9% en dicho ejercicio. Según Hacienda, los expedientes con autoliquidación se demoraron más (10,4 meses) de media que los que no se presentaron por esa fórmula (6,8 meses).
En cuanto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el índice de demora aumentó e 6,9 meses, mientras que en las Tasaciones Periciales se llegó a los 9,2 meses frente a los 8 meses con los que se cerró el año 2010. Lo mismo ocurrió con la Tasa de Juego, que pasó de 1,5 meses a 2,2 meses de demora media.
Inspecciones, quejas y reclamaciones
El informe del Ministerio de Hacienda aporta también datos sobre inspecciones, quejas y reclamaciones. Así, en 2011 se instruyeron 11.025 actas de inspecciones, excluidas las incoadas por el Estado relativas a Patrimonio, lo que supone un 15,7% más que un año antes. Más de la mitad de las actas fueron relativas al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (52,2%), seguido por el de Sucesiones y Donaciones (39,1%).
También se incrementaron tanto el importe de la deuda por actas de inspección en relación con la recaudación total (pasa del 3,3% al 4,6%) como la cuantía global de las deudas tributarias derivadas de las actas, que pasó de 365,55 millones en 2010 a 417 millones en 2011 (+14,1%).
Según el documento, en las comunidades de Aragón, Madrid, Asturias, Cataluña y Galicia fue donde mayor eficacia tuvieron -por importe- las actuaciones inspectores, frente a las de Cantabria y Castilla y León que ocuparon los últimos puestos. No obstante, también aumentaron los recursos contra estas inspecciones, registrándose los niveles de conflictividad más altos en Aragón, Extremadura y Canarias. En la misma línea, las reclamaciones económico-administrativas aumentaron también un 5,1%, sobre todo por los impuestos de Transmisiones y Actos Jurídicos.
En total, los ingresos aplicados por las comunidades de régimen común en 2011 por los tributos cedidos por el Estado ascendieron a 9.107,34 millones de euros (-17,6%), de los cuales el 41,3% fueron por Transmisiones, el 23% por Actos Jurídicos y el 21,6% por Sucesiones y Donaciones. La Tasa sobre el Juego alcanzó el 13,6% mientras que Patrimonio aportó el 0,5%. Todos los gravámenes perdieron recaudación con respecto a 2010.
Recomendacione
Entre las recomendaciones con las que el Ministerio cierra el informe se cuenta la necesidad de realizar «un esfuerzo» para que cerrar acuerdos de lucha contra el fraude entre el Estado y las comunidades autónomas, «similares al suscrito por la Agencia Tributaria con Andalucía», con el objetivo de «posibilitar un mucho más relevante intercambio mutuo de información».
«Se sugiere asimismo un avance en el suministro de información sobre la identidad de condenados por delitos fiscales con el fin de dar cumplimiento a la pena accesoria de no disfrute de beneficios fiscales y elaboración de cruce de información sobre fallidos que facilite la adopción de decisiones sobre posibles derivaciones de responsabilidad», continúa el texto.
Asimismo, se sugiere «posibilitar una mayor estabilidad del personal» destinado a determinados servicios, sobre todo el que atiende al contribuyente y el que ejerce funciones liquidativas; reforzar algunas áreas en Baleares, La Rioja y Canarias. Hacienda aplaude finalmente el incremento de la presentación de declaraciones telemáticas, particularmente «relevante» en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia y Valencia.
Los datos recogidos en este informe se obtuvieron mediante las visitas realizadas a 33 servicios territoriales de gestión tributaria de las 15 comunidades afectadas, así como todos los correspondientes Servicios Centrales.