Dos jueces de Palma y A Coruña han dictado prisión provisional, mientras se tramita su extradición, para los dos fugitivos que fueron detenidos esta semana en Mallorca y en la capital gallega y que están buscados por las autoridades argentinas por delitos de lesa humanidad cometidos en 1975.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz pidió por exhorto a los juzgados de Palma y A Coruña que tomaran declaración a los fugitivos, Daniel Alejandro Ullúa y Beatriz María Arenaza, respectivamente, tras lo que ambos decretaron prisión para ellos, han indicado fuentes jurídicas.
En los próximos días, los dos serán trasladados a Madrid para que el juez Ruz les tome declaración y, en su caso, ratifique la prisión.
A partir de ese momento, las autoridades argentinas tienen un plazo de cuarenta días para mandar los documentos de la extradición a la Audiencia Nacional.
Argentina buscaba a los fugitivos porque considera que formaron parte de la agrupación denominada Concentración Nacional Universitaria (CNU).
Tenían en vigor sendas órdenes internacionales de detención para ser extraditados en el marco de la «causa CNU», proceso judicial abierto en Argentina en el que se investiga a una veintena de personas y más de medio centenar de asesinados.
La CNU, según explicó ayer la Policía tras su detención, fue una organización ligada a las Juventudes Peronistas que funcionó en distintas universidades argentinas, fundamentalmente en Mar del Plata, donde irrumpía en los campus con armas, cadenas y objetos contundentes para intimidar a los movimientos estudiantiles.
A los arrestados se les imputa haber formado parte de una organización con fines delictivos, enmascarada en la CNU, «con un claro objetivo criminal destinado a cometer una serie de hechos violentos», unos actos que, destacó la Policía, «han sido calificados como delitos de lesa humanidad», por lo que se ordenó su captura internacional.
Los hechos por los que eran buscados, según la ficha de Interpol dictada por Argentina en el marco de la causa 13.793, se remontan al periodo comprendido entre febrero y mayo de 1975.
Las detenciones fueron llevadas a cabo por agentes del Grupo de Delincuencia Especializada y Violenta de la Jefatura Superior de Policía de Galicia y del Grupo de Delincuencia Internacional de la Jefatura Superior de Policía de las Islas Baleares.