Trámites gratuitos que los ciudadanos realizan en los registros civiles, como matrimonios, nacionalidad, defunción, fe de vida, entre otros, tendrán un coste de entre 10 y 40 euros este año, una vez que el Gobierno central entregue a los registradores de la propiedad la gestión de esos servicios.
El anteproyecto de ley que privatiza los registros civiles se suma a las tasas judiciales, que ya están en marcha, y ha puesto en pie de guerra a los funcionarios que prestan sus servicios en Palma.
«Habrá una Justicia para ricos y otra para pobres», dijo a este diario la delegada y miembro de la junta directiva del CSIF, María Antonia Juan.
«El Colegio de Registradores de la Propiedad tendrá la libertad para fijar las tasas en cualquier procedimiento y abonar las tasas que te indiquen en trámites que hasta ahora no tenían ningún coste para los ciudadanos, todo esto para mí es una vergüenza», señaló.
Lucro
Los servicios gratuitos que ofrecen los registros civiles en Balears -dos en Palma, y uno en Manacor, Inca, Eivissa, Maó y Ciutadella- están a cargo de funcionarios públicos sin ánimo de lucro, recuerda María Antonia Juan, pero tendrán un coste al gestionarlos registradores de la propiedad y mercantiles ya que éstos cobran aranceles que pagan los ciudadanos al no disponer de partidas económicas en los presupuestos del Estado.
A los sindicatos también les preocupa el futuro laboral de las casi 40 personas que prestan sus servicios en Palma. La mitad de ellos son interinos que «perderán sus puestos de trabajo, y al resto nos tendrán que recolocar en otras plazas, con lo cual, necesariamente, habrá más gente que se quede sin trabajo», dijo la delegada del CSIF en los registros mercantiles.
La pérdida de gratuidad de esos trámites se une al pago de tasas judiciales que ya está en marcha en la mayoría de procesos civiles.