Desde hace varias semanas técnicos de la Conselleria d'Administracions Públiques visitan todos los departamentos de la Administración autonómica para conocer, en profundidad, sus funciones y los recursos de que disponen. Es el trabajo de campo previo a la tarea que ha encargado la Oficina de Control Presupuestario que dirige Joaquín García: en el transcurso de los próximos siete meses, hasta julio de 2013, los sueldos de los trabajadores de la Comunitat Autònoma y lo de las empresas públicas tiene que quedar equiparados.
Una enmienda incorporada a la ley de presupuestos del próximo año señala el marco legal de la nueva normativa, que precisa el importe máximo de los salarios que podrán abonarse en el llamado sector público instrumental -las empresas públicas-. De este modo, el sueldo máximo no podá superar los 49.980 euros para la máxima categoría hasta los 17.801 de la última.
Ajuste progresivo
El plan de la Oficina de Control Presupuestario se enmarca en los planes de reducción del sector público en Balears, del cual éste sería la tercera fase una vez que ya quedaran culminados los procesos de eliminación y reducción de empresas públicas.
Cabe señalar que en materia de personal, alrededor de 3.100 en todas las empresas públicas del Govern, el propio García señaló la existencia de un gran número de contratos en situación irregular que ahora se quieren resolver. Hasta el momento, la reducción del sector público intrumental de la Comunitat Autònoma ha supuesto alrededor de 800 despidos.
Respecto a la aplicación de las nuevas condiciones salariales de los trabajadores de las empresas públicas -de las que se exceptúa todos los trabajadores vinculados al IB-Salut por considerar que tienen unas condiciones muy específicas-, fuentes próximas al Govern han indicado que las equiparaciones salariales -por regla general los sueldos en la Administración son más bajos que en las empresas- se realizarán de manera escalonada.
De todos modos, según la ley de presupuestos, el próximo mes de julio quedarán suspendidos todos los convenios colectivos, circunstancia que supone que tendrá que ser en estos primeros siete meses del año cuando queden fijadas las nuevas tablas salariales y convocadas las pruebas de selección para cubrir los diferentes puestos de trabajo vacantes.
Homogeneidad
La homogeneidad retributiva que persigue la Oficina de Control Presupuestario para todo el entramado de empresas públicas del Govern no es sencilla. El galimatías de categorías y salarios que se perciben es muy importante y con diferencias que en algunos casos son sustanciales, pero ésta no es la única complicación.
Algunas de las empresas públicas que quedarán afectadas por la nueva norma se salen de los esquemas habituales de la Administración pública. Es el caso, por citar un ejemplo, de Serveis Ferroviaris de Mallorca o la mista radio y televisión autonómica, IB3. Fijar complementos para funciones tan específicas y en ocasiones intangibles será una de las cuestiones que tendrán que resolverse en el proceso de negociación colectiva que se abrirá en el transcurso de los próximos meses.
El marco de la nueva retribución de los trabajadores públicos queda fijado en los presupuestos del próximo año, que detallan que no podrán abonarse más de dos pagas extraordinarias al año, mientras que como retribuciones complementarias fija los siguentes conceptos: dedicación especial, horarios especialesl, responsabilidad, dificultad técnica y penosidad.
Todos estos conceptos deberán ser valorados y establecer sus cuantías. Aunque la aplicación de la nueva normativa supondrá una rebaja global de los costes laborales en el sector público instumental, el Govern no ha querido facilitar su importe.