La Audiencia de Palma ha impuesto una pena de cinco años de cárcel para el exgerente de la empresa Balears Innovació Telemática S.A. (Bitel) por el desvío de 700.000 euros de esa entidad pública entre los años 2003 y 2007 aprovechando la falta de controles administrativos y financieros, según la sentencia dictada por la Sección Segunda.
También fueron condenados a seis meses de cárcel el ingeniero informático de Bitel Iván Guardia y al exdirigente de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP Ramón de la Iglesia, ya que la Audiencia considera que se beneficiaron de la trama; y a una pena de nueve meses de multa como cooperador necesario a Sebastián Romaguera, exsecretario de Bitel.
La Audiencia, asimismo, ha absuelto al exadministrador de la empresa pública Miguel Simonet.
Los magistrados consideran probado que Vidal es autor de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, prevaricación y cohecho. Además, le inhabilitan para desempeñar un cargo público durante 15 años y le imponen una fianza de responsabilidad civil de 565.961 euros que deberá abonar a Bitel y la mitad de otra cuantía civil de 197.372 euros de forma solidaria con Romaguera.
Fiscalía
La Audiencia rebajó a cinco los doce años de cárcel que la Fiscalía Anticorrupción pidió para Vidal al finalizar el juicio celebrado en marzo de este año al apreciar diversos atenuantes, como el haber aportado una fianza de responsabilidad civil de 100.000 euros y por la dilación del proceso debido al retraso en dictar la sentencia.
La Audiencia de Palma declara probado que mientras fue gerente de Bitel, Vidal se benefició de incrementos de nómina injustificados y no autorizados, así como de dietas y gratificaciones, que efectuó cargos de compras y servicios particulares con la tarjeta de crédito de la empresa pública para lucrarse personalmente y realizó transferencias bancarias no autorizadas. Además Vidal adquirió una empresa -Hélix Infocom SL-como «sociedad tapadera» para desviar fondos y apropiarse de ellos, simuló hasta 10 procedimientos de contratación por hasta 139.224 euros y cobró irregularmente facturas por otros 58.148 euros.
El fiscal Juan Carrau solicitó ayer a la Sección Segunda de la Audiencia la celebración de una ‘vistilla' para solicitar medidas cautelares para Damià Vidal, entre ellas, el ingreso en prisión, la retirada del pasaporte o la presentación regular en los juzgados.
La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo que, muy probablemente, interpondrá Eduardo Valdivia, abogado de Vidal.