El grupo ecologista Greenpeace publicó ayer en su web un artículo en el que asegura que la nueva Ley de Costas beneficia a destacados empresarios relacionados con el PP, como son el exministro Abel Matutes y el expresidente de Balears, Gabriel Cañellas, ambos del PP.
En el anteproyecto de la ley se incluye como novedad que las salinas o actividades de cultivo marítimo dejarán de ser públicas. Hay que tener en cuenta que Cañellas es uno de los propietarios de ses Salines de Eivissa y Formentera y Matutes tiene intereses en negocios de acuicultura en Cádiz. Según Greenpeace, Abel Matutes es vicepresidente del Consejo de Turismo de la CEOE, «que para 2012 contaba entre sus prioridades la reforma de la ley» y presidente de la Mesa del Turismo, «un lobby formado por empresarios que ha mostrado su gran satisfacción por esta reforma». De hecho, recuerdan que el propio Matutes «declaró haber intervenido directamente» en la elaboración de la normativa.
«Delicias»
«Esta satisfacción no es para menos porque ha hecho las delicias patrimoniales de familiares y allegados del exministro de Asuntos Exteriores», dice Greenpeace.
Los ecologistas indican que Cañellas es presidente de Salinera Española, propietaria de ses Salines de Eivissa y de las salinas de San Pedro del Pinatar en Murcia. Entre su patrimonio, también tienen muchas propiedades en Formentera que «hasta la reforma y la amnistía de la isla de Formentera se encontraban en dominio público marítimo-terrestre y que ahora se excluyen como terreno público con una disposición adicional a la carta». Otra empresa de Cañellas, Ibifor, es «propietaria de la mayor parte de terrenos que rodean ses Salines de Eivissa y Formentera», que ahora se convierten «en un interesante regalo a la carta», ya que «no solo se excluyen del dominio público las salinas, sino que además se borran las periferias de protección de las mismas, es decir, los colindantes 100 metros».