El Decanato de Sa Gerrería registró ayer un centenar de demandas civiles en el primer día de la entrada en vigor de las nuevas tasas judiciales, el denominado 'tasazo', por el cual todos los litigantes tendrán que pagar entre 100 y 1.200 euros por los contenciosos que presente, lo gane lo pierda, según establece la polémica ley 10/2012 del 20 de noviembre.
Según confirmaron fuentes del Decanato, hasta el mediodía de ayer se habían presentado alrededor de cien demandas, la mitad que antes de la entrada en vigor de la ley.
El 'tasazo' judicial afecta a todos los litigantes (empresas y personas físicas) de la jurisdicciones civil, contencios-administrativa y social. Tenía que entrar en vigor hace tres semanas, pero se aplazó por unos problemas con los formularios. No obstante, las tasas solo repercutirán en los pleitos iniciados ayer mismo.
Procesos
«Hemos tramitado la mitad de demandas que antes, aunque desde que se supo que entrarían en vigor las nuevas tasas hemos atendido a mucha gente que ha querido evitar procesos más caros», han señalado desde el Decanato de sa Gerrería.
El pasado 21 de noviembre, un día antes de que pusieran en marcha las nuevas tarifas, el decanato tuvo que ampliar su horario para atender el ingreso de unas 700 demandas, frente a las 200 de una jornada normal.
Además del abono de las nuevas tasas, con cuantías fijas de entre los 100 y 1.200 euros, según el pleito y los recursos que se presenten, la Administración cobrará el 0,5% del valor de los bienes que se reclamen. Están exentos de pagar el 'tasazo' los asuntos que se presenten en la jurisdicción penal, la primera instancia de lo social, las demandas por deudas inferiores a 2.000 euros y algunos pleitos de lo civil referidos a menores o derechos fundamentales.
Pleitear también será gratuito para quienes tienen derecho a la justicia gratuita, es decir, familiar con ingresos totales inferiores a 15.000 euros brutos al año. Según afirmó ayer el decano del Colegio de Abogados de Balears, Martín Aleñar, el hecho de que los ciudadanos tengan que pagar por hacer uso de la Justicia no reducirá la elevada litigiosidad, ya que el 70% de los asuntos que se presentan son de carácter penal, y éstos están exentos de abonar la tasa.