El juez instructor del caso Over, de presunta financiación irregular del PP balear, ha desestimado hoy la petición del abogado del presidente del Parlament, Pere Rotger, de levantar su actual imputación en esta causa, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB).
En un auto notificado hoy, el magistrado juez José Castro desestima la petición de sobreseimiento provisional y archivo solicitado por el abogado del presidente de la Cámara legislativa balear.
Rotger prestó declaración judicial como imputado el 18 de noviembre en esta causa que investiga la presunta financiación irregular del PP balear entre 2003 y 2007, cuando era presidido por Jaume Matas.
El exalcalde de Inca fue interrogado por un contrato concedido a la empresa Over Marketing para la realización de un estudio sobre hábitos de vida en el municipio, por el que el Ayuntamiento pagó 20.000 euros en 2008.
El ahora presidente del Parlament, y por tanto aforado, declaró ante el juez y admitió que en el proceso para la contratación de Over Marketing cuando era alcalde de Inca se cometieron «errores administrativos», pero subrayó que no hubo ningún trato de favor para esa empresa de publicidad, que es lo que investiga el magistrado.
La Fiscalía sospecha que el contrato se amañó y la factura fue inflada en unos 2.000 euros para incluir en ella un curso de portavocía que la empresa dio al actual alcalde, Rafael Torres, pero Rotger declaró que el estudio contratado se hizo, se pagó a precio de mercado y fue de mucha utilidad para el Ayuntamiento.
El abogado de Rotger solicitó el archivo de la causa por entender que la investigación relativa a los hechos de Inca ya está concluida, que no hubo delito, ni ningún contrato amañado, ni un plan preestablecido para beneficiar a Over, ya que el contrato fue un caso puntual.
Además, considera que el Ayuntamiento formalizó un contrato legal con Over para realizar la encuesta y que únicamente se pudo incurrir en alguna irregularidad administrativa por el hecho de que el trabajo se hizo una semana antes de que entrara en vigor la nueva Ley de Contratos -que considera contrato menor un trabajo con un coste inferior a 18.000 euros-.
En opinión del abogado de Rotger, aunque haya disparidad sobre si el contrato se ajusta o no a la legalidad, sería una cuestión administrativa y tratarla como un delito penal es desproporcionado.
El actual alcalde de Inca, Rafael Torres, dejó de estar imputado por esta misma causa el pasado 9 de noviembre, según decidió Castro al día siguiente de tomarle declaración en una actuación de oficio.
Por otra parte, el juez ha suspendido la declaración prevista para mañana, miércoles, de otra imputada en esta causa, Jane King, a petición de su letrado.
Sí comparecerá mañana ante el juez como imputada la consellera de Salud y Consumo en la etapa de Matas, Aina Castillo, que será preguntada por los contratos de publicidad que firmó con Over Marketing tanto su departamento como el hospital público Son Espases.