La puesta en vigor del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), mecanismo puesto en marcha para aliviar las necesidades de financiación y los problemas de acceso al crédito de las comunidades autónomas, «sigue sin acabar» con los impagos a las farmacias, entre ellas las de Balears.
Así lo denuncia la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), en el Observatorio del Medicamento del mes de octubre, dado a conocer hoy, que advierte de la situación «crítica» en la que se encuentran Cataluña, Aragón, Baleares, Canarias y, especialmente, la Comunidad Valenciana, que «pone en peligro la supervivencia de las farmacias y la salud de los pacientes».
Ante ello, las asociaciones integradas en FEFE han comenzado a estudiar acciones legales y planteamientos económicos que permitan salvar esta situación, «que puede cronificarse en el año 2013», ha informado la federación en un comunicado.
En la Comunidad Valenciana, donde hay ya 200 farmacias en proceso concursal y una deuda de 540 millones de euros, se ha producido el cierre patronal más largo de los conocidos hasta ahora (desde el 5 al 28 de noviembre).
El paro fue desconvocado tras un primer pago de 114 millones de euros y el establecimiento de un calendario para liquidar la deuda de 2012.
En Cataluña la deuda asciende a 360 millones de euros y aunque han cobrado 90 millones en noviembre, la situación ha llevado a más de 200 farmacias al agotamiento del crédito y han cerrado definitivamente 10 de ellas.
Por otra parte, el Observatorio del Medicamento destaca que los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad sobre el consumo de medicamentos en octubre indican una «fuerte» contención del gasto.
No obstante, FEFE precisa que el descenso del gasto medio de las recetas «corresponde casi exclusivamente a la parte pagada por los usuarios», que se ha visto incrementada en torno a seis puntos.
A corto plazo, los farmacéuticos prevén un aumento del gasto en los dos últimos meses del año debido a una mayor demanda.
En cuanto a la prescripción por principio activo, se da en menor medida en Extremadura, Asturias, La Rioja, Comunidad Valenciana, Murcia y Canarias.
Por el contrario, el porcentaje es máximo en Andalucía, que sigue a la cabeza, pero también en Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Baleares.