El PSM-IV-ExM del Ayuntamiento de Palma ha exigido este lunes al alcalde Mateu Isern que paralice la legalización del piso que el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, tiene en sa Calatrava y que, así, cumpla la sentencia del Tribunal Supremo.
En un comunicado, la coalición ha informado de la presentación de una moción para instar a la Concejalía de Urbanismo a hacer cumplir la sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2011, que anulaba el estudio de detalle de 2004 que permitía una mayor volumetría y altura del edificio sobrepasando los límites del PERI de sa Calatrava.
El portavoz del grupo, Antoni Verger, ha destacado que la respuesta de los 'populares' a la sentencia «no puede ser modificar la normativa para evitar su cumplimiento efectivo y seguir así favoreciendo unos determinados intereses particulares» pese a que éstos «sean los del presidente del Govern».
Así, ha hecho hincapié en que las sentencias están para cumplirse y que «la justicia y las normas deben ser iguales para todos». En este sentido, ha considerado prioritario que Urbanismo actúe de forma responsable y justa «para evitar aumentar el descrédito de las instituciones y de la política en general» ante la ciudadanía.
La coalición ha recordado que la sentencia del Supremo decretaba la anulación del estudio de detalle que permitía una mayor volumetría y altura para el último piso del edificio de la calle Bastió de'n Berard, porque era contrario a una normativa de carácter general como el PERI de sa Calatrava.
El pasado mes de noviembre el Ayuntamiento anuló el estudio de detalle en cumplimiento de la sentencia, pero al mismo tiempo anunciaba la modificación del PERI para legalizar la situación del inmueble en el que el presidente del Govern tiene un piso valorado en 1,2 millones de euros, ha recordado la coalición.
Esta modificación, según el PSM-IV-ExM, no es más que un intento de «burlar» el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, además de ir en contra de los principios legales básicos como el de la inderogabilidad «singular de los reglamentos» y en contra de una reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Según el grupo soberanista, la sentencia del Supremo se debe cumplir hasta sus últimas consecuencias, de manera que este edificio se adapte a los parámetros que marca el Plan General. Según ha opinado, no es aceptable que en un Estado de Derecho se permita a un edificio concreto no cumplir las alturas máximas y volúmenes que el resto de inmuebles del barrio deben respetar.
«Todos los edificios de sa Calatrava deben cumplir el PERI de sa Calatrava y no es justo que haya excepciones no fundamentadas en el interés general. Con este tipo de actuaciones el PP demuestra una vez más al servicio de qué poderes y de qué intereses gobierna, atentando de manera flagrante contra los principios de equidad y justicia», ha concluido el portavoz.