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Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa

Bosch pide a Wert que equipare el catalán con el castellano como materia troncal

Rafael Bosch, conseller d'Educació. | J. TORRES

| Madrid |

Balears propuso al ministro de Educación que la lengua catalana tenga la misma consideración de asignatura troncal que tiene la lengua castellana, en lugar de la de materia de especialidad como figura ahora para la lengua oficial propia de las comunidades bilingües en el borrador del Anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa que el martes presentó el Ministerio a la comunidades.

Si bien Bosch –que declaró que la consellera catalana «no debió abandonar la Conferencia Sectorial por muy tensa que fuese»– trató de justificar el razonamiento del ministro Wert y explicó que «el Ministerio considera que puede definir como troncal una materia sobre la que no tiene competencia», también reconoció que cambiar el redactado «puede evitar suspicacias» y consolidaría el trato igualitario de ambas lenguas.

En la práctica

En cualquier caso, el conseller aseguró que «a efectos prácticos no cambiará nada» tanto en un caso como en el otro, pues la lengua catalana tendrá «exactamente el mismo tratamiento» que la castellana y se seguirán evaluando las dos lenguas por igual».

El conseller añadió que los representantes de la Comunitat Valenciana y Galicia, ambas gobernadas por el PP, hicieron sugerencias en la misma línea aunque no «tan claras» como la suya.

Con respecto a otro de los puntos polémicos de la reforma educativa, el referido a la posibilidad de escolarizar a niños o niñas en centros privados a cargo de la administración en caso de no existir oferta docente pública o concertada en la lengua vehicular elegida, el titular de Educació aseveró que «este punto no afecta a Balears», puesto que aquí se imparten «en las dos lenguas oficiales materias lingüísticas y no lingüísticas, con lo que recogemos lo que dicen las sentencias del Supremo y el Constitucional». Aun así, entendió que habría que cambiar el texto que establece que este derecho corresponderá a los alumnos que no tengan acceso a centros con financiación pública donde se enseñen las dos lenguas en «una proporción razonable», definición que consideró demasiado subjetiva.

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