Cort no cerrará las piscinas de Son Roca y Sant Jordi el próximo 1 de enero, como había anunciado el gobierno municipal, ya que Madrid permitirá que los ayuntamientos refinancien deuda. El teniente de alcalde d'Esports, Fernando Gilet, informó que la gestión de las piscinas seguirá siendo directa y manifestó su satisfacción por no tener que cerrarlas. «Han sido dos semanas difíciles, duras y tristes por dos decisiones impopulares, la última de las decisiones que cualquier político quiere tomar», expresó Gilet.
Destacó que «no nos hemos parado» y explicó que el alcalde Mateo Isern ha defendido en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la necesidad de que los ayuntamientos puedan refinanciar parte de su deuda. El PP ha llevado esta enmienda al Senado y ha sido aprobada. El teniente de alcalde d'Economia, Julio Martínez, añadió que «el presupuesto financiero limitaba mucho el margen de maniobra» del gobierno municipal, ya que en 2013 tiene que amortizar casi 37 millones de euros de deuda. La enmienda aprobada por el Senado permitirá que Cort tengan que devolver menos dinero a los bancos, aún no se ha concretado cuánto, pero Martínez aseguró que será suficiente para hacer frente a los 700.000 euros necesarios para mantener abiertas las piscinas de Son Roca y Sant Jordi. El titular d'Economia informó que para poder refinanciar deuda los consistorios tienen que cumplir una serie de requisitos, como que la mayoría de los indicadores económicos sean favorables (remanente líquido de tesorería y ahorro neto positivos).
Protestas.
Antes de que se produjesen estos anuncios numerosas asociaciones de vecinos habían protestado en el pleno y en la puerta de Cort contra el cierre de las piscinas. Los ciudadanos pidieron al gobierno municipal que reconsiderase la decisión de cerrarlas y aplaudieron el anuncio de mantenerlas abiertas; entre ambas tienen unos 700 usuarios. Los partidos de la oposición felicitaron al alcalde.
Desahucios.
El teniente de alcalde d'Urbanisme, Jesús Valls, anunció que Cort firmará un convenio de colaboración con la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Balears (Proinva) para oferecer viviendas a las familias desahuciadas. Aunque no pudo concretar los términos del acuerdo, adelantó que los promotortes cederán algunos pisos de forma gratuita y otros mediante alquileres absequibles (150-200 euros mensuales). El Patronat d'Habitatge no tiene viviendas libres para realojar a personas que han perdido sus viviendas.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca intervino en el pleno para exigir a los políticos que defiendan a los ciudadanos ante los bancos; les recordaron que sus salarios están pagados por los contribuyentes. La Plataforma se ofendió mucho cuando la teniente de alcalde de Funció Pública, Irene San Gil, dijo que «la plataforma también ha adoptado medidas que no son del todo éticas, como asaltar supermercados».