La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la entrada en vigor de la ley de tasas judiciales provocó ayer largas colas en la sede judicial de sa Gerreria formadas por procuradores, abogados y ciudadanos con el objetivo de presentar sus respectivas demandas antes de que hoy, jueves, entre en vigor el pago de las nuevas tasas.
La ley obliga a desembolsar entre 100 y 1.200 euros a todos los que presenten una demanda civil, pierda o gane el pleito.
Cada uno de los 113 procuradores inscritos en el Colegio presentaron ayer una o más demandas civiles lo que provocó problemas en el normal funcionamiento del decanato de sa Gerreria.
A la vista de los acontecimientos, el juzgado decano decidió ampliar dos horas más la atención al público y profesionales para hacer frente a toda la demanda. Fredèric Ruiz, decano del Colegio de Procuradores de Balears, dijo a este diario que la ley de tasas judiciales «no es la mejor solución para agilizar la administración de justicia».
«Tiene un ánimo recaudatorio y disuasorio», precisó. Varios abogados también confirmaron que habían presentado decenas de demandas por indicación de sus clientes para evitar el pago de las tasas judiciales. Los letrados también han hecho público su rechazo a la medida impulsada por el Gobierno. «A partir de ahora habrá una justicia para ricos y otra para pobres», han señalado.
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