La Fiscalía Anticorrupción solicita al juez instructor del ‘caso Nóos', José Castro, que imponga una fianza de responsabilidad civil solidaria de 8,2 millones de euros a Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres.
Según fuentes próximas a la causa que se investiga desde hace dos años en el Juzgado de Instrucción 3 de Palma, los 8,2 millones de euros representan la totalidad de los fondos públicos supuestamente defraudados por el yerno del Rey y su ex número dos en el Instituto Nóos.
En el escrito, presentado a mediodía de hoy en los juzgados de Vía Alemania de Palma, se solicita que se incoe una pieza separada de responsabilidad civil pecuniaria y que ambos imputados presenten la cantidad con carácter solidario de 8.189.448 euros.
El juez abrirá una pieza separada de responsabilidad civil pecuniaria y la trasladará a las partes para que presenten alegaciones en un plazo de varios días por la voluminosa cifra requerida por la Fiscalía Anticorrupción.
Esta medida cautelar se destina a cubrir las posibles responsabilidades civiles si Urdangarin es condenado de algún delito de corrupción, que en este caso se traduce en el dinero supuestamente malversado que tendría que devolver a los gobiernos balear y valenciano.
Aunque la fianza asciende a casi 8,2 millones, el fiscal Horrach ha calculado que el duque de Palma, junto a su exsocio, se apropió en realidad de alrededor de 6 millones de euros públicos.
Esto se explica porque a ese dinero hay que añadir un tercio de la cantidad total, margen obligado establecido por el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Acusaciones
A la petición del fiscal Pedro Horrach se han unido el resto de acusaciones, entre ellas, el sindidato Manos Limpias, y la extienden al embargo de los bienes de ambos imputados hasta alcanzar los 8,2 millones de la fianza civil.
Asimismo, el escrito plantea al juez Castro la posibilidad de que rebaje de 8,2 a 5 millones de euros la fianza si la considera desproporcionada.
El fiscal y Manos Limpias señalan que Urdangarin y Torres «urdieron una auténtica trama para desviar fondos para su beneficio prevaleciéndose de su condición de superioridad». Y añaden: «Con ánimo de lucro hicieron que la administración pública contratara con ellos de una forma total y absolutamente arbitaria buscando cuál era la mejor manera de vestir esa contratación fraudulenta e innecesaria para el interés público». El desglose de la fianza es el siguiente: Fondos apropiados por Nóos de Illesport (2,1 millones); de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y la Fundación Turismo de Valencia (2,1 millones); de la Generalitat Valenciana (380.000 euros); del convenio con el equipo ciclista Illes Balears-Banesto (230.520 euros); del Ibatur (116.566 euros); y por el incremento de las cantidades anteriores en un mínimo de un tercio (2,1 millones).