José María Rodríguez se libra de medidas cautelares pero a cambio recibe una dura reprimenda por parte del juez Castro. El magistrado comunicó al exdelegado del Gobierno ayer un auto en el que desestimaba la orden de prohibición de comunicarse con otros implicados en el ‘caso Over' que solicitó el fiscal Anticorrupción. Sin embargo, el juez sí sostiene que Rodríguez presionó al coronel jefe de la Comandancia, Basilio Sánchez Rufo, y al teniente coronel Jaime Barceló para que violaran el secreto de sumario y le contaran el contenido de las investigaciones del ‘caso Over'. Según el auto, Rodríguez llamó en varias ocasiones a ambos a su despacho y, al negarse los mandos a contarle nada, ordenó una investigación interna sobre una supuestas filtraciones. Castro considera que el entonces delegado del Gobierno «traspasó claramente los límites que le impone la división de poderes del Estado y, aunque tal comportamiento no consiguiera su propósito, pretendió atentar abiertamente contra la independencia judicial».
A la «gravedad» de estos hechos, el magistrado le suma que en el tiempo que ha pasado desde la dimisión de Rodríguez, «no solamente no haya recapacitado admitiendo cuanto menos un error, sino que en su declaración judicial se haya sentido altamente orgulloso de aquéllos». Le recuerda el juez al candidato a la presidencia del PP de Palma que en ninguna otra causa que no fuera la que le afectaba personalmente se molestó ante otras filtraciones.
Dimisión
Las presiones de Rodríguez llevaron a que los responsables de la Guardia Civil que investigaban la causa solicitaran ser relevados por la Unidad Central Operativa. La decisión no se llegó a producir porque Rodríguez dimitió de la Delegación.
El juez también reprocha a Rodríguez la llamada telefónica a la testigo Maria Luisa Ginard.
Pese a estos antecedentes, el juez deniega la petición del fiscal. Lo hace porque entiende que en el momento actual, Rodríguez ya no tiene cargo público desde el que pueda presionar a la investigación. Así señala que la medida solicitada «se advierte tardía», si bien exculpa a Anticorrupción: «No se le ha de reprochar al ministerio fiscal retraso alguno, ya que su planteamiento pasaba por la necesidad de recibir previamente declaración al que sería destinatario de la medida».
El auto termina con una advertencia a Rodríguez de que sí podrían adoptarse medidas cautelares similares en caso de que se repitan «manifestaciones de apoyo (a testigos) o consejos tan inútiles como sospechosos de que se acojan a la verdad».