Ni dimite ni, por el momento, pone su cargo a disposición del partido. El presidente del Parlament, Pere Rotger, fue claro en una conversación con este periódico tras confirmarse su imputación por el ‘caso Over': «Hasta que declare no moveré ficha, ni dimito ni pongo mi cargo a disposición del partido. Todo a su tiempo».
El presidente del Parlament, que ha sido llamado a declarar por el juez Castro el próximo día 18, hizo este comentario minutos después de que el portavoz del Ejecutivo, Rafael Bosch, dijera que, «en estricto cumplimiento del ‘código ético' del PP, Rotger tiene que poner su cargo a disposición del partido». Bosch precisó que, de todos modos, el partido no tomaría ninguna decisión hasta que hubiera declarado.
Rotger es aforado dada su condición de parlamentario y puede negarse a declarar ante el juez que instruye el caso. El president del Parlament sólo está obligado a comparecer ante un magistrado-instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB). Hay precedentes, como el de Maria Antònia Munar, que también fue imputada siendo presidenta de la Cámara, o el del exconseller Josep Juan Cardona.
En el auto dictado ayer, el juez Castro sobresee provisionalmente el ‘caso Over' con respecto a Rafel Torres, imputado hasta ahora, porque, «en el curso de su declaración este Instructor fue abrigando dudas sobre la naturaleza delictivas de los hechos que protagonizó el declarante y que son incompatibles con el mantenimiento por más tiempo de su imputación que procede sea provisional e inmediatamente levantada».
Revisión del código
La ‘desimputación' de Torres ha dado alas a los cargos del PP que habían pedido revisar el código ético. Por el momento, sólo Mabel Cabrer, portavoz parlamentaria, ha dicho que si la imputan, se va. No es el caso de Rotger ni el de José María Rodríguez.
Ambos, según le consta a este diario, llevan días perfilando una estrategia conjunta. Lo que defienden es que la decisión final no la tomen los órganos de dirección del partido en las Islas, es decir, Bauzá, sino la dirección nacional. Técnicamente, eso no supone ningún cambio (de hecho es el Comité Nacional de Conflictos el que acuerda las suspensiones de militancia y las expulsiones, si se da el caso), pero políticamente es muy importante ya que se pasa la papeleta a Rajoy.
El PP balear difundió ayer tarde un comunicado en el que tras volver a reproducir varios artículos del código ético, proclama su respeto a la Justicia y reclama «celeridad» para resolver el caso.
El president Bauzá prefirió no hacer ningún tipo de declaración a lo largo de la jornada.