El exdirector insular del Estado, Antoni Juaneda Cabrisas (Ciutadella, 1964), comparece esta mañana en Palma ante el juez Castro para declarar como imputado en el caso de presunta financiación ilegal del PP, sobre el que es investigado por la Fiscalía Anticorrupción desde antes de 2010. El sumario del caso Mupi lo sitúa, de hecho, en el centro de la «trama de contratos» realizada por Over Marketing al Govern Matas y a los ayuntamientos de Inca y Ciutadella.
Juaneda suscribió en julio de 2007 un contrato como «intermediario independiente» con el director de Over, Daniel Mercado. Su labor era mediar ante instituciones públicas y privadas a cambio de una comisión del 3%. Y, aunque sólo llegó a cobrar 5.107 euros de Over en dos años (2008 y 2009), tenía despacho propio en la empresa, que ocupaba «por indicación expresa» de Mercado. A decir de la directora técnica de Over, era, junto al entonces presidente autonómico, el político que más «estrecho» contacto mantenía con el mandamás de la empresa que llegó a facturar más de un millón para el Govern Matas.
Los 9.800 euros que Juaneda pagó en 2009 a Maite Areal, esposa de Matas, «por algo que se ignora», puso el foco de los fiscales sobre el político menorquín. Los cargos ocupados por Juaneda, como asesor del Ministerio de Medio Ambiente y director general de Relacions Institucionals, «coincidentes directamente» con administraciones dirigidas por Jaume Matas, «no han pasado desapercibidos» para la Fiscalía. «Lejos de una mera relación de coincidencias y circunstancialidad, aprecia una directa vinculación con la trama de contactos entre Over y el Govern Matas, de la que formaría parte directa Juaneda». Tuvo acceso entre 2001 y 2003 a las cuentas del PP y compartió titularidades bancarias con su entonces pareja sentimental, que además era la secretaria de Matas.
De hecho, Anticorrupción involucra a Antoni Juaneda en, al menos, tres de los siete presuntos delitos denunciados: tráfico de influencias por «el trato ventajoso y favorecedor de determinadas empresas», malversación porque adjudicatarias «acaban pagando a Over en la que Juaneda tiene interés», y cohecho «cuando los adjudicatarios pagan a empresas vinculadas a Juaneda y éste paga a Areal». «Es algo que -concluye el juez- merece ser esclarecido».