El Govern ha pagado 76.000 euros en contratos con gestorías y gabinetes laboralistas para analizar las fórmulas para recortar el sector público y despedir al personal eventual, según datos que ha ido recopilando el PSIB y que el Ejecutivo no desmintió.
Estos datos, referidos al coste de cinco entes dependientes del Govern, los exhibió la diputada socialista Joana Barceló (exconsellera de Treball con el Pacte) durante el pleno que ayer celebró la Cámara. Barceló había preguntado al vicepresidente económico, Josep Ignasi Aguiló, por los datos del paro y por las medidas que está tomando el Ejecutivo para combatir el desempleo.
Aguiló dijo que los datos de desempleo «no son buenos», pero añadió que abalizando todas las cifras en su conjunto y comparándolos con otros anteriores, «muestran un camino a la esperanza».
Al pleno de ayer no asistió el president Bauzá (que participa en la feria turística de Londres), ni tampoco el conseller de Presidència Antonio Gómez, por lo que ni Francina Armengol (PSIB) ni Biel Barceló (PSIB) presentaroan sus preguntas y se evitó la polémica que se da en todas la sesiones plenarias.
Amnistía fiscal
Al margen de las preguntas, el pleno se centró en cuestiones básicamente económicas. Una moción del PP sobre la insularidad, que no obliga a ninguna medida en concreto y que da apoyo a las gestiones del Govern, se aprobó por unanimidad.
La Cámara insta al Gobierno a continuar con los esfuerzos para el reconocimiento pleno de la insularidad.
El PSIB logró el apoyo para aprobar una serie de propuestas en las que se insta a controlar el fraude fiscal y a poner más medios para combatirlo. Pero se rechazó expresamente un punto en contra de la llamada «amnistía fiscal».