Mabel Cabrer será imputada por un delito de falsedad documental, según confirmaron ayer a este periódico fuentes cercanas a la investigación.
La imputación se hará efectiva por parte de la Fiscalía y será oficial en los próximos días, antes de que la que fue consellera d'Obres Públiques en el último Govern de Matas sea citada a declarar ante el juez José Castro en el marco de la 'operación Mupi'.
La dinámica
De las investigaciones efectuadas hasta el momento y, sobre todo, de los datos que aportó en su declaración el pasado sábado en Madrid Daniel Mercado, que era presidente de Over, se desprende que desde la consellería que dirigía la actual portavoz del Grupo Popular en el Parlament se amañaron una serie de facturas.
Las mismas eran presentadas siempre por las mismas empresas, además de Over, por servicios de márketing u otra índole y en relación a trabajos ordenados por la Conselleria d'Obres Públiques.
La sospecha es la de que, en general, la dinámica que se utilizaba era la de hacer pasar los pagos a través de trabajos que habían efectuado empresas ajenas a las que se citaba en las facturas.
A raíz del registro que se llevó a cabo en la sede de Over, en Madrid, hace dos años, se intervino numerosa documentación al respecto.
Según el Código Penal, se castiga la falsedad documental «cometida por autoridad o funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, con pena de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años». En el caso de que el delito se llevara a cabo por imprudencia grave o por negligencia profesional, las penas de cárcel que se estipulan oscilan entre seis y doce meses y de seis meses a un año respectivamente.
Con respecto al resto de exconsellers del último Govern de Jaume Matas que serán imputados, a día de hoy se confirman plenamente José María Rodríguez (Interior) y Aina Castillo (Salut).
Del largo interrogatorio al que el pasado sábado fue sometido Daniel Horacio Mercado, y del que se informó en la edición del domingo que ha sido calificado de «muy satisfactorio» por los investigadores, se sabe que era un hecho casi habitual el que, entre 2003 y 2007, la empresa Over cobrara por trabajos efectuados y, después, se convocara el pertinente concurso público.
Un concurso público que, obviamente, estaba amañado y se llevaba a cabo con la única finalidad de hace ver que se cumplía con los trámites oficiales.