La Audiencia Provincial de Baleares acogerá este viernes, a partir de las 11.00 horas, una comparecencia en la que la Fiscalía Anticorrupción solicitará el agravamiento de las medidas cautelares que pesan sobre el expresidente de UM, exconseller balear de Turismo y exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal, quien acumula dos sentencias condenatorias que suman un total de seis años y siete meses de cárcel.
Será en una vistilla de carácter público donde el Ministerio Fiscal dará a conocer su solicitud, que previsiblemente pasará por reclamar el ingreso en prisión preventiva del exdirigente 'uemita' a fin de evitar que pueda sustraerse de la acción judicial. De ser así, quien fuese delfín político de la expresidenta del Parlament Maria Antònia Munar sería el segundo exalto cargo de UM en entrar en prisión, junto a Bartomeu Vicens, quien ya cumple condena firme.
Todo ello después de que la pasada semana la Audiencia condenase a Nadal, en el marco del caso Voltor, a cuatro años de prisión por auspiciar la contratación fraudulenta del exalcalde de Sóller Tomás Plomer por unos servicios que no le entrañaban trabajo alguno, pero por los que cobró 13.080 euros públicos como gratificación por las labores que sí había realizado en favor de la extinta UM.
Una pena que se añade a la que ya pesaba sobre él, dentro del caso Maquillaje, de dos años y siete meses por desviar, junto a Munar, un total de 240.000 euros a la productora que ambos controlaban mediante testaferros mientras eran máximos responsables del Consell.
Nadal es, además, el exalto cargo de Baleares que se encuentra imputado en un mayor de causas de corrupción: se trata, además de Voltor y Maquillaje, de los casos Son Oms, Can Domenge e Ibatur.
De hecho, uno de los jueces que le han investigado, Juan Ignacio Lope Sola, llegó a decretar su personación diaria en dependencias judiciales para evitar su fuga, una medida que cuenta como único precedente el del caso del exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, quien tuvo que presentarse en dependencias policiales a diario en Madrid.
Junto a la anterior medida cautelar, sobre Nadal pesa además una fianza penal de 100.000 euros que le fue impuesta en el caso Voltor, centrado en un presunto desvío de fondos desde el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) a entidades y personas afines a UM durante la pasada legislatura y en el marco del cual fue arrestado en febrero de 2010, mientras ostentaba los cargos de titular de Turismo del Govern y concejal en el Consistorio palmesano.
Sin embargo, no fue su única detención puesto que en junio de 2011 volvería a ser privado de libertad dentro del caso Ibatur, cuyas pesquisas se centraban hasta entonces en otro supuesto desvío de millones de euros públicos públicos en la última legislatura de Jaume Matas, para posteriormente extenderse a la actuación de UM.
Nadal, quien tiene asimismo retirado el pasaporte y prohibido abandonar el territorio nacional sin autorización, se enfrenta por otro lado a una petición de seis años de prisión por el caso Can Domenge, a raíz del determinante papel que jugó en el proceso de venta de estos terrenos palmesanos por parte del Consell: la operación se fraguó por treinta millones de euros cuando el precio real del solar era de sesenta.