Unos 70 jubilados del Ib-Salut se han encerrado también esta mañana en la sala de reuniones de la Conselleria de Salud, al igual que hicieron este martes en la sede del Ib-Salut, para protestar por la eliminación del complemento de pensión, que supone una pérdida de entre el 30 y el 40 por ciento de la retribución mensual.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de los extrabajadores del Ib-Salut, Jaume Pou, ha reclamado que el Ejecutivo balear continúe ofreciendo el citado complemento o, en caso contrario, que permita que las personas que se prejubilaron puedan volver a sus puestos de trabajo hasta que cumplan los 65 años.
Así, ha recordado que los empleados que llevaban cotizando desde antes de 1967, se acogieron a una oferta de prejubilación del Govern, que incluía cobrar un complemento de pensión que, a partir del 1 de noviembre, se eliminará afectando a unas 500 personas que formaron parte del personal sanitario y no sanitario.
Respuesta
Sin embargo, el director de Recursos Humanos ha apuntado que «se hace muy difícil por parte de la Comunidad Autónoma» devolver este plus, en el caso de se pudiera hacer, a unos jubilados sí y a otros no.
Este complemento de pensión representa entre un 30 y un 40 % de los ingresos mensuales de cada jubilado del Ib-Salut, que hasta ahora reciben una pensión media entre 1.200 y 1.300 euros aproximadamente, según Costa.
Sin embargo, el nuevo responsable de personal del Ib-Salut ve pocas probabilidades de que la Conselleria pueda dar una solución. «Tenemos las manos atadas porque la legislación nacional es imperativa», ha insistido.
Así también ha negado la posibilidad que los jubilados vuelvan a sus puestos de trabajo, una de las alternativas que han sugerido ellos como solución al conflicto.
«Imposible», ha dicho Costa, que ha respetado en todo momento el derecho a manifestarse en las dependencias del Ib-Salut de los jubilados afectados.
El Real decreto ley 16/2012, publicado en el BOE del 24 de abril anula la vigencia de una norma preconstitucional de 1973 y establece que las ayudas de acción social solo se deben dedicar al personal en activo y que se paralizan a partir del 1 de octubre de este año, ha detallado.
Así, el decreto ley autonómico 5/2012 del 1 de junio suspende hasta el 31 de diciembre de 2013 las convocatorias y la concesión de ayudas y prestaciones en concepto de acción social, con excepción de las que corresponden por hijos menores de 18 años y para la atención de familiares con discapacidad.