La decisión de Govern balear de acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y solicitar 355 millones de euros para hacer frente al vencimiento de deuda y a financiar gasto corriente (eso es, a poner en marcha el mecanismo de rescate financiero) pone al Ejecutivo bajo la lupa del Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro.
Además de rendir cuentas cada mes, tal como se recogía ayer en este periódico, el Real Decreto 21/2012 por el que se establece el FLA, incluye otra serie de salvaguardas y garantías para el Gobierno central.
Una de ellas es el cumplimiento estricto de una serie de ajustes. El Gobierno central 'concederá' el rescate a Balears ya que previamente había avalado su plan de ajuste. Un plan de ajuste que fue presentado hace unos meses por Bauzá y la totalidad del Govern y que incluía una serie de actuaciones para contener el déficit: entre ellas, el cierre de dos hospitales, el Joan March y el Hospital General.
En el área económica del Govern no se oculta cierta «preocupación» por el efecto que podría suponer en los planes del Ejecutivo no concretar esta medida. El conseller Mesquida, tras su toma de posesión, dijo que quería reconsiderar esta medida.
El vicepresidente Aguiló quiere tener listos los presupuestos de la Comunitat Autònoma para 2013 esta misma semana. En el departamento de Aguiló preocupa la partida del departamento de Salut y, sobre todo, que se descuadre su plan de ajustes, que había sido aceptado por Madrid y que Bauzá había puesto como ejemplo de su esfuerzo para contener el déficit.
Los 'hombres de negro'
La sola incorporación de Balears al mecanismo de rescate implica la aceptación de una serie de condicionantes y obligaciones que afectan también a las empresas y organismo públicos que dependen de la Comunitat Autònoma. El decreto prevé, en su artículo 8, el control de los planes de ajuste autonómicos.
«Cuando la Intervención General de la Administración del Estado envíe una misión de control ésta tendrá como objetivo concretar el diagnóstico de la situación financiera de la Comunidad Autónoma en el marco de los compromisos adquiridos en el plan de ajuste, aplicando las técnicas y metodologías de control que se estimen oportunas», señala este artículo que también añade que « el órgano de control interno de la Comunidad Autónoma prestará toda la ayuda y colaboración que sea necesaria a la misión de la Intervención General de la Administración del Estado, que tendrá acceso a la totalidad de la documentación de la Comunidad Autónoma, para el buen desempeño de sus funciones».
Lo que describe este artículo es lo que, de forma coloquial, se conoce como 'hombres de negro'. Es decir, los funcionarios que, en el caso de los 'rescates' a países se encargan de vigilar a los gobiernos.
Balears fue, justo a Asturias, la última comunidad en pedir el rescate. El viernes, al dar cuenta del acuerdo, Josep Ignasi Aguiló insistió en no utilizar esta expresión. Incluso comento, dirigiéndose al grupo de periodistas que seguía su intervención: «Llámenlo como quieran, pero no es un rescate».
La petición de rescate (a la que aún tiene que responder el Gobierno central) coincide con la preparación de los presupuestos autonónomicos y con el malestar del propio Ejecutivo por las inversiones previstas por el Estado en Balears para 2013.