«Estamos en un callejón sin salida», asegura la presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, al referirse a la situación financiera de la institución la que, según ella admite «nos obligará a tener que devolver competencias si el Govern no nos tranfiere los fondos necesarios», los cuales estimó en torno a los 220 millones de euros.
Salom no oculta su enfado con la actitud del Govern en relación a la financiación del Consell, toda vez que, según explica, «nosotros no podemos cerrar los presupuestos del próximo año si no tenemos una garantía de que se nos hará la correspondiente transferencia». En este sentido advierte que «nosotros ya estamos al límite del endeudamiento y hemos cumplido nuestros deberes en materia de ajustes y contención del gasto, pero no podemos continuar así».
Devolver las carreteras
Una de las primeras competencias que el Consell está dispuesta a devolver a la Comunitat Autònoma es la de carreteras –uno de los escasos apartados en los que se ha logrado mantener la inversión pública–, según admitió Salom, la cual denunció que «durante las anteriores legislaturas los diferentes equipos de gobierno se preocuparon de acaparar competencias, pero nadie se preocupó de tener un buen sistema de financiación de la institución que garantizase su funcionamiento».
En esta línea, Salom insiste en que hasta el momento todos los contactos que se han mantenido con los responsables de la Vicepresidència Econòmica para alcanzar un acuerdo han sido negativos ya que, hasta el momento, «no se nos ha dado ninguna solución».
Cabe señalar que el Consell no tiene ninguna capacidad de generar ingresos propios por la vía tributaria –todos los ingresos que tienen, con excepción de algunas tasas y precios públicos por servicios concretos, proceden de transferencias del Estado o de la Comunitat–. En concreto, en estos momentos, los fondos procedentes de la Comunitat Autònoma representan el 80 por ciento de la capacidad financiera que tiene el Consell de Mallorca, circunstancia que evidencia la dependencia financiera de la institución insular, «nosotros no somos autosuficientes ni podemos serlo», apunta la presidenta Salom.
La petición del rescate por parte del Govern, por un importe de 355 millones, no resuelve el conflicto ya que estos fondos tienen un carácter finalista para reducir el déficit autonómico y abonar el pago pendiente a proveedores y no admite transferencias a otras instituciones.