El president balear, José Ramón Bauzá, volvió a defender ayer que es compatible ser titular de una farmacia y ejercer su cargo institucional. Y dio otra vuelta de tuerca: explicó que no había incluido sus ingresos por la farmacia en la declaración de actividades por tratarse «de patrimonio».
El portavoz del PSM, Biel Barceló, le preguntó ayer por este asunto en la Cámara balear. En opinión de Barceló, que ha conseguido que la Fiscalía investigue la actividad privada de Bauzá, «sus negocios interfieren su actividad como president». Barceló le instó a que mostrara sus últimas declaraciones de renta.
Barceló no fue el único diputado que se interesó por los negocios de Bauzá. Vicenç Thomàs, del PSIB, preguntó al conseller de Presidència, Antonio Gómez, si el president ofreció «personalmente» a Borja Rupérez ocupar un cargo en IB3. La respuesta fue «rotundamente no». Precisamente, lo que está investigando la Fiscalía es si hubo prevaricación en este nombramiento ya que, según denuncias de una asociación de productoras, Aproba, Rupérez manifestó que tenía unas grabaciones que podrían perjudicar al president. Al parecer, negociaba una compra de acciones de una vinoteca de Bauzá y luego se volvió atrás. «Tenemos un presidente bajo sospecha», dijo Thomàs. Gómez, en su respuesta, admitió que Rupérez vino «recomendado» pero no aclaró quien hizo la recomendación.
«Cortina de humo»
Desde el PP, y tal como había anticipado su portavoz parlamentaria, Mabel Cabrer, se ‘contratacó’ con otro asunto: el contrato que, cuando el PSIB gobernaba en Palma y en el Consell de Mallorca, se hizo a una empresa de jardinera de la que es administrador la pareja de la socialista Francina Armengol. El diputado Carlos Veramendi (PP) preguntó a Gómez qué haría en relación al informe de la Sindicatura de Cuentas que detectó irregularidades. Gómez consideró que «estamos ante un caso escandalosamente grave», precisó que se estudiaban actuaciones judiciales y opinó que «debe ser investigado en sede parlamentaria por una comisión».
El PP está analizando ahora la conveniencia de solicitar esta comisión. Según el PSIB no se ajusta al reglamento ya que el asunto no tiene ámbito autonómico. Es un contrato de Cort. El presidente de la Cámara, Pere Rotger (PP) dijo que si se presenta la propuesta, asumirá el criterio de los servicios jurídicos de la Cámara.
La socialista Armengol entiende que todo este asunto es una «cortina de humo».