Las dificultades económicas de muchas familias han permitido que la polémica del tupper que afecta a otras comunidades haya llegado ya a las Islas en forma de demanda por parte de algunas asociaciones de padres. Los padres piden que los centros ofrezcan la posibilidad de que los escolares se lleven la comida de sus casas, para ahorrarse el coste del comedor, y puedan comérsela en el comedor del colegio y bajo la supervisión de algún monitor.
De momento, sólo son dos o tres las asociaciones que han realizado esta petición a la Coapa-Balears, que a su vez se ha puesto en contacto con la Conselleria d'Educació para trasladar la demanda, «pero estamos seguros de que esto va a ir a más, porque muchas familias tienen problemas económicos», afirmó ayer Jaume Ribas, presidente de Coapa en las Islas.
Desde esta entidad se reconoció que «la Conselleria no descarta habilitar algún sistema, si hay mucha demanda, pero tampoco es muy partidaria, en base a unos informes de la Conselleria de Salut». A nivel personal, añadió Ribas, «yo tampoco lo soy, porque a la larga puede ser un perjuicio para la alimentación de los escolares, pero hay que ser conscientes de que en momentos de grave crisis como el actual puede ser una buena opción para algunas familias».
Pero Ribas confirmó que «es un tema muy complejo, que debe ser estudiado detenidamente». «No sólo se trata de vigilar a los más pequeños a la hora de la comida, sino que los colegios deben contar con microondas para calentar las comidas y neveras que permitan mantener los alimentos en buen estado hasta el mediodía. Y no todos los centros disponen de estos medios, unos tienen cocina y otros simplemente comedor porque se les trae la comida desde fuera y si tienen que comprarlos también repercutirán este gasto en las familias».
Catalunya
Otras comunidades se plantean esta cuestión desde hace algún tiempo y en Catalunya, por ejemplo, lo han resuelto cobrando al alumno la mitad de lo que costaba el servicio de comedor -en Balears la media el curso pasado era de 6 euros- por el uso de las instalaciones y el monitor. En otras comunidades, como Madrid o Valencia, de momento no hay un acuerdo claro.
En los centros concertados esta iniciativa no se ha planteado.