Uno de los imputados del caso Peaje, el excelador de la carretera Palma-Manacor Gabriel Mestre, ha reclamado la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo tras haber detectado hasta 565 expresiones ininteligibles y otros numerosos errores en la transcripción de los interrogatorios practicados a lo largo de la instrucción de la causa, lo que, tal y como alega su defensa, da pie a que varíe el sentido de las declaraciones y resulta «perjudicial para los derechos» de los inculpados.
Así lo expone, en un extenso y minucioso escrito, el letrado de Mestre, Josep de Luis, quien entre otras imprecisiones destaca las plasmadas como 'pequeño enterramiento' en lugar de 'pequeño cerramiento'; 'María Antonia Manara' en vez de Maria Antònia Munar, expresidenta del Consell de Mallorca; 'Construcciones Montugi', que nada tiene que ver con las investigaciones y sin que «esta defensa sea capaz de identificar a qué se refiere"; e incluso frases como 'vinieron dos chicas de fotocool o no se qué'. Así hasta más de 500 ambigüedades y equívocos.
Según el escrito, la deficiente conservación de las diligencias se materializa incluso en advertencias como 'La intervención de la juez no resulta perceptible' y en expresiones que se tachan de 'ininteligibles' por no entenderse lo que la magistrada afirma en las declaraciones, lo que, a juicio de la defensa, «vulnera» el derecho a la tutela judicial efectiva de su patrocinado y provoca en él «una clara indefensión».
Todo ello como consecuencia de la grabación de las comparecencias a lo largo de más de tres años de instrucción, lo que las hacía «prácticamente indescifrables» y motivó que la Audiencia Provincial de Palma diese la razón a la Fiscalía y a las defensas, que solicitaban que las declaraciones de imputados y testigos fuesen recogidas en formato papel. De hecho, el propio Juzgado que instruye la causa ya tuvo que declarar nulas varias de estas deposiciones.
Desfase de 23 millones
Sin embargo, al margen de la deficiente transcripción de las mismas, a lo largo del documento, de un total de 26 páginas, la defensa de Mestre hace asimismo hincapié en el presunto delito de malversación de caudales públicos sobre el que la Fiscalía sustenta sus investigaciones. Unas acusaciones que rechaza de plano el letrado al negar que el supuesto sobrecoste indagado repercutiese en las arcas del Institución insular.
Y es que, si bien si bien la causa apunta a un presunto desfase de 23 millones de euros durante la ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, para la cual el Consell de Mallorca contrató los servicios de la UTE Desdoblamiento C-715, tanto el asistente legal de Mestre como las defensas de otros imputados niegan el desvío al defender que la adjudicación de los trabajos recayó en manos de la empresa Pamasa y fue posteriormente cuando esta mercantil subcontrató las obras a la UTE.
Del mismo modo, De Luis, quien mediante su escrito solicita el sobreseimiento de la causa para su patrocinado -y subsidiariamente, la nulidad del caso-, niega que Mestre, quien se encargaba del control de las obras de la carretera, incurriese en delito alguno y recrimina que el excelador se vea sometido a un proceso penal «sobre la base de rumores y habladurías sin base fáctica alguna» y que «se contradicen con lo actuado judicialmente».
Una situación que el letrado califica de «humanamente injusta y jurídicamente del todo ilegal, especialmente en sede penal, donde debería prevalecer el principio de presunción de inocencia». Más en concreto, el abogado se refiere a la realización de mejoras en su casa que, según esos «rumores difusos», fueron realizadas de forma gratuita con material de la UTE -como la instalación de farolas, asfalto, la construcción de un pozo o el transporte de tierra a su finca-, lo que la defensa niega de manera tajante.
Niega las acusaciones
Así, en el caso de las farolas, el abogado asevera que «nada tienen que ver» las instaladas en la carretera con las torres de iluminación colocadas en su finca como aportación de Electro Hidráulica a las comidas que la UTE celebraba en la casa de Mestre, mientras que en relación con la instalación del asfalto, la UTE condonó una deuda al celador en agradecimiento por la cesión de su finca para la celebración de unos ágapes.
Del mismo modo, la defensa afirma que no hay «ninguna prueba ni indicio racional» que lleve a pensar que el pozo fue facturado a la UTE, sino que su instalación fue pagada en metálico por Mestre «en su costumbre de disponer de grandes cantidades de efectivo del banco para ir haciendo los diversos pagos en efectivo», tal y como sucedió en este caso.
Finalmente, en lo que a la tierra se refiere, De Luis alega que para la UTE era más barato transportar la tierra sobrante de la carretera a fincas próximas que no a la cantera donde debía llevarla, situada a 18 kilómetros de distancia.
Cabe recordar que la causa se inició a raíz de la denuncia interpuesta, en marzo de 2009, por el Ministerio Fiscal contra 16 exaltos cargos del Consell de Mallorca y empresarios como consecuencia del supuesto desfase que se habría producido sobre los 140 millones inicialmente presupuestados para la reforma de la carretera, que corrió a cargo de la UTE Desdoblamiento C-715 (integrada por las empresas Melchor Mascaró, Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN, Aglomsa, Itinere Infraestructuras, MAB y Sacyr).