«Es imperiosa la necesidad de transmitir al Ministerio de Fomento que lamentamos el retraso y la falta de atención al cumplimiento de los compromisos firmados, y que por tanto, exigimos que éstos sean atendidos a la máxima urgencia», escribió el 5 abril de 2011, un mes antes de las últimas elecciones autonómicas, el entonces titular de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, Gabriel Vicens, del PSM. En concreto reclamaba al Ministerio de Fomento, cuyo titular era el socialista José Blanco, el pago de 130 millones del convenio ferroviario y solicitaba la inclusión de 200 millones en los presupuestos estatales de este año.
La misiva de Vicens a Blanco deja clara «la necesidad urgente» de que Fomento abone su parte correspondiente del convenio del tren, entre otras razones porque admite que su departamento «ha cumplido los requisitos exigido del convenio en el sentido de haber licitado con la máxima urgencia el 65% de la inversión» (289 millones de euros).
El desfase
El convenio ferroviario ha generado uno de los 'agujeros' financieros más importantes de la Comunitat, toda vez que SFM licitó numerosas obras y compra de material con cargo a un convenio cuyos recursos financieros -443,7 millones- apenas han llegado a Balears.