Maria Antònia Munar anunció ayer a través de un comunicado su intención de emprender acciones legales contra el excontable de UM Álvaro Llompart por falso testimonio. «Este señor declaró en calidad de testigo ante la Sección Segunda de la Audiencia de Palma que en UM se manejaba dinero negro en el año 2004. Tal afimación es radicalmente falsa. Se emitió en un tribunal y se hizo sin la más mínima prueba de tales acusaciones», señala la expresidenta del Parlament. Añade que cuando ella abandonó la presidencia de UM en 2007, «Álvaro Llompart ni siquiera estaba afiliado, por tanto mal puede conocer él lo que sucedía en UM cuatro años antes». Afirma, asimismo, que no se plantea acusar de falso testimonio a Miquel Nadal y a los propietarios de Vídeo U, Miquel Oliver, Luisa Almiñana, Ramón Rullán y Miguel Sard, dado que «como coimputados que son, tienen derecho a mentir para defenderse».
En el mismo escrito remitido a los medios de comunicación, también rechazó que haya firmado un convenio del CILMA con Miquel Àngel Flaquer. «Lo suscribió mi sucesora, Francina Armengol, y no ha sido llamada a declarar, ni mucho menos imputada como yo lo he sido», precisó.
Declaración
La expresidenta del Parlament, por otra parte, declaró ante la jueza del ‘caso Voltor' que es víctima de la «presunción de culpabilidad», en lugar de que se le reconozca el principio de presunción de inocencia estipulado por ley.
«Me piden como presidenta (del Consell de Mallorca) explicaciones de lo que ha podido pasar en otra (CILMA), que es totalmente independiente y que no tiene nada que ver», dijo Munar en la subpieza en la que se investiga la presunta contratación irregular de personas con fondos públicos, pero que, al parecer, trabajaron para UM.
Munar explicó ante la jueza Carmen Abrines que no sabía que estos trabajadores estuvieran haciendo funciones para UM. «Desconozco en absoluto que hayan contratado a alguien que no acudía a su trabajo y, de haberlo sabido, no habría estado conforme», añadió.
Munar, asimismo, aseguró que los actuales momentos son muy malos desde el punto de vista económico y que los asuntos judiciales se han «politizado».
La ex política se quejó ante la juez del caso Voltor de que hay «presunción de culpabilidad» contra ella, en lugar del principio de presunción de inocencia que reconoce la ley.
Además, incidió en que el consorcio y el Consell son dos instituciones independientes y con sedes diferenciadas, por lo que se quejó de que se le preguntara al respecto de estos convenios que ella firmó.