La Audiencia de Palma ha desestimado el recurso presentado por Manos Limpias para que la infanta Cristina declarase como imputada en el 'caso Nóos. El juez José Castro decidió en su día no citarla y ahora la Audiencia le ha dado la razón.
El magistrado ya se había opuesto, también a través de un auto el pasado mes de marzo, a la imputación de la esposa de Iñaki Urdangarin, debido a que hasta el momento, no se había constatado «la existencia de indicios de criminalidad contra ella».
El juez, asimismo, remitió a la Audiencia Provincial un escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que también se oponía a que la infanta Cristina compareciese como inculpada. Asimismo, acordó remitir al tribunal lo que en su momento también opinaron sobre la petición de Manos Limpias el resto de acusaciones, la Abogacía de la Comunitat Autònoma y el Partido Popular de Balears.
"Grandilocuencia y demagogia"
En el auto de hoy, la Audiencia critica el recurso de apelación presentado por Manos Limpias para pretender la imputación de la infanta, del que dice que no está «exento de grandes dosis de grandilocuencia, cuando no de demagogia», han indicado la mismas fuentes.
La resolución de la Audiencia, de unas diez páginas, reproduce los argumentos de Castro y echa en cara a la acción popular no haber expuesto en su recurso de apelación los delitos por los que se pretende que se cite a la infanta como imputada.
Añade que en el derecho penal las imputaciones tienen que ser «en positivo», es decir, en base a delitos y hechos concretos, y no solo con el objetivo de que se investigue algún aspecto del proceso.
La hija del rey formó parte del Instituto Nóos en calidad de vocal, pero el fiscal anticorrupción alegó en su día que las decisiones las tomaba un comité de dirección en el que no figuraba la infanta, y que no consta que la junta rectora -en la que sí estaba como miembro- aprobara las líneas de actuación del organismo.
El ministerio público también argumentó que la responsabilidad penal es personal y, por ello, la infanta no debe responder penalmente de los actos supuestamente ilícitos de su marido.
Respecto a Aizoon, la empresa que comparte al 50 por ciento con su marido y que supuestamente sirvió para desviar dinero público, la Fiscalía apuntó que la infanta no ostenta ningún cargo ejecutivo en ella y que su vinculación es meramente a nivel societario.
Falta de indicios
La misma línea siguió la acusación particular personada en la causa, la de la Comunidad Autónoma de Baleares, que rechazó una posible imputación de la infanta al considerar que no hay indicios de que haya participado en nada ilícito relacionado con Urdangarin.
El PP balear, personado como acción popular, también se opuso a que fuera citada «como imputada, ni como testigo».
En su comparecencia ante el juez Castro durante los días 25 y 26 del pasado mes de febrero, el duque de Palma manifestó que la infanta no tenía «nada que ver» en las supuestas irregularidades detectadas en la gestión de fondos públicos recabados por el Instituto Nóos.
La infanta Cristina y su esposo, junto con sus cuatro hijos, residen en Washington desde el año 2009, donde Iñaki Urdangarin trabaja para la multinacional Telefónica.
Nuevo recurso
Horas después de conocerse la noticia, el sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias ha planteado una nueva petición de imputación de la Infanta Doña Cristina.
En un comunicado, el sindicato señala que en el auto de desestimación «queda en evidencia la demagogia por parte de las más altas instituciones del Estado de que la Ley es igual para todos». Así, aseguran que van a aportar nuevos datos «aparecidos con posterioridad a la petición de imputar a la Infanta» en un nuevo escrito de petición ante el Juzgado Nº 3 de Palma de Mallorca.
En este sentido, señalan que a esto «habrá que añadir el informe inminente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la comparecencia de Diego Torres y su esposa», que según aseguran «completaría la base documental y testifical para efectuar la nueva petición de imputación».
Por otra parte, han destacado que «existe una figura incuestionable, la de responsabilidad civil solidaria», de la Infanta con Iñaki Urdangarin, «al amparo del artículo 122 del Código Penal, al haberse beneficiado de las actuaciones ilícitas de su esposo».