Emaya envió ayer un burofax a la UTE adjudicataria del sistema de recogida neumática (integrada por Envac Iberia, Urbaser y Actividades de Construcción y Servicios) para notificarles que los hace responsables de las averías que dejaron fuera dicho sistema de recogida, así como de los «cuantiosos daños y perjuicios» que está originando. Así lo anunció ayer el presidente de Emaya, Andreu Garau, durante el pleno de Cort, en el que también informó que han encargado un informe pericial sobre el estado de la red de recogida neumática. No obstante, adelantó que Envac Iberia «es plenamente consciente de las graves deficiencias detectadas», ya que han enviado un técnico a Palma para comprobar la existencia de «gravísimas patologías». La implantación del sistema de recogida neumática costó 26 millones de euros y tenía garantizada una vida útil mínima de 30 años, pero a los 10 ya ha quedado fuera de servicio.
Desmantelar. El PSM-IV-ExM presentó una propuesta, que fue rechazada, que proponía desmantelar el sistema de recogida neumática e implantar uno similar al recogida puerta a puerta que contemple la eliminación de los contenedores del centro. La regidora econacionalista Marisol Fernández argumetó que la recogida neumática es muy costosa, ya que requiere 500.000 euros anuales de mantenimiento. Garau aseguró que intentarán «restablecer, si es posible, la recogida neumática» y que sus costes de operación sean los mínimos posibles; la recogida neumática fue financiada con fondos europeos, que podrían ser reclamados si se desmantela.
Funcionarios. La teniente de alcalde de Funció Pública, Irene San Gil, compareció por urgencia a petición de la oposición para explicar la aplicación del recorte de los funcionarios que ha aprobado el Govern. San Gil reiteró que el pasado martes entregaron a los sindicatos un documento de máximos para negociar, pero que en ningún caso se pretendía aplicaría literalmente. Sin embargo, el malestar de los sindicatos motivó que el alcalde pidiese disculpas y retirase el documento para comenzar a negociar de cero. La socialista Guadalupe Pulido reconoció que las administraciones locales tienen que aplicar medidas equivalentes al decreto de recortes, pero calificó de excesivas las reflejadas en el documento de Cort; San Gil reiteró que era un documento de máximos, que se tenía que negociar. La titular de Funció Pública se reunirá hoy con los sindicatos para empezar a negociar, con la finalidad de poder aplicar los recortes en otoño; adelantó que tendrán en cuenta los recortes que ya hicieron el pasado otoño. Además, avazó que no serán las últimas medidas de este tipo que tendrán que tomar, ya sea aprobadas por el Govern o por Madrid, debido a la situación económica.
Baños públicos. El teniente de alcalde de Turisme, Álvaro Gijón, anunció que llevarán a la comisión de asesoramiento de la Fundació de Turisme el proyecto de los baños públicos, para que decidan si se instalan o no. Además, el pleno aprobó por unanimidad, a propuesta del PSM-IV-ExM, adaptar y señalizar los baños de los aparcamientos municipales para que los puedan utilizar los turistas.
Camp Redó. La presidenta de Fepae, Soledad Sarabia, anunció que la Federación están redactando un borrador con las «líneas maestras del proyecto que quieren los vecinos». Sarabia también manifestó que mantienen «contactos periódicos» con el teniente alcalde d'Urbanisme, Jesús Valls, y reprochó que durante la pasada legislatura sólo hiciesen algunas «cosillas». La presidenta de Fepae quiso dejar claro que no quieren un proceso de rehabilitación, sino «un barrio nuevo. Por su parte, Valls ha convocado a la oposición el 10 de julio para explicarles las actuaciones que han realizado.