La Audiencia de Palma juzga esta próxima semana al ex director general de Territorio con el Govern balear del PP Jaume Massot y a otras nueve personas por una pieza del caso Andratx sobre una construcción supuestamente ilegal, unos hechos por los que la Fiscalía le pide una pena de 4 años y medio de cárcel.
En el banquillo de la sección primera se sentarán diez personas: Massot, entonces jefe de Urbanismo de Andratx; el excelador del Ayuntamiento Jaume Gibert (2 años de cárcel); el exasesor jurídico municipal Ignacio Mir (6 meses); la propietaria de los terrenos Antonia Bonet (1 año y 4 meses); los arquitectos Neús García (1 año y 4 meses), Carlos Salto (1 año), Fernando Ferreira (1 año) y Bartolomé Nicolau (2 años), y los constructores Antonio Portell (1 año) y Antonio Nieto (1 año).
Según explica el fiscal anticorrupción en el escrito de acusación, los hechos enjuiciados ocurrieron a partir de 1999, año en que la propietaria de unos terrenos en Andratx calificados como rústicos, sobre los que no se podía edificar, los vendió a los acusados constructores.
En la finca solo había unas ruinas que no se podían tan siquiera reformar, indica el fiscal, pero antes de venderla la propietaria consiguió que se otorgase licencia de construcción para sacar más beneficio, hasta el punto que unos terrenos comprados dos años antes por 1,5 millones de pesetas se traspasaron por 25 millones.
El fiscal asegura que Gibert certificó que en la finca había una construcción antigua que realmente no existía, mientras que Massot y Mir informaron favorablemente a la licencia pese a que no se cumplían los requisitos legales.
«No constaba en el expediente administrativo documentación alguna acreditativa de la existencia de una vivienda, sino todo lo contrario, de las fotografías obrantes en el expediente se deducía claramente la imposibilidad de rehabilitar legalmente las construcciones existentes», afirma el fiscal.
Los nuevos propietarios de las fincas, los constructores Antonio Nieto y Antonio Portell, encargaron a dos de los arquitectos la redacción de un proyecto y estos últimos asumieron a su vez el anterior de la arquitecta Neus García con «las mismas falsedades» que existían en él.
Finalmente, en 2002 se iniciaron las obras, que ni siquiera siguieron el proyecto ya que derrumbaron las ruinas existentes, y se construyeron viviendas de nueva planta.
En 2005, Gibert fue de nuevo a los terrenos y certificó que las obras se ajustaban a los proyectos presentados, lo cual era, según el fiscal, «absolutamente falso».
El arquitecto, Bartolomé Nicolau, que se enfrenta a 2 años de prisión, ejerció de perito en un recurso contencioso administrativo interpuesto por el Consell de Mallorca por la edificación supuestamente ilegal y realizó un informe «intencionadamente falaz» afirmando que en las fincas existían viviendas anteriores.
Para Massot, el fiscal pide 1 año de cárcel por dos delitos contra la ordenación del territorio, 3 años más por falsedad en documento oficial y 6 meses por prevaricación urbanística.
El ex director general ya está en prisión por otra pieza de este caso de corrupción urbanística en el municipio mallorquín y tiene pendiente un juicio de la misma causa por el que la Fiscalía le pide otros 4 años y medio de cárcel.
El juicio tendrá lugar mañana, lunes, el martes, el jueves y el viernes a partir de las 9.30 horas en la sección primera de la Audiencia.