El Ajuntament de Palma aprobó ayer definitivamente la modificación de la fase 1 del proyecto de reurbanización de la fachada marítima (afecta al entorno más próximo del Palacio de Congresos) con un sobrecoste de 3,9 millones de euros. El portavoz municipal, Julio Martínez, informó que la aprobación se produce tras la desestimación de las alegaciones presentadas por Núñez y Navarro y la Asociación de Vecinos del Born del Molinar contra el acuerdo de la aprobación inicial de esta modificación; la entidad vecinal pedía una serie de cambios circulatorios que los técnicos han decidido no aceptar. El PSOE votó en contra de esta modificación, al considerar que el sobrecoste es muy elevado, motivo por el que justificó no haberlo aprobó la pasada legislatura.
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Sobercoste del 34%. Martínez recordó que el coste total de reurbanización de la fachada marítima tiene un sobrecoste del 34%, ya que se pasó de un presupuesto de 39,9 millones de euros a 53,7 millones. En este sentido, Cort ha reclamado a Mapfre que asuma los sobrecostes de reurbanización, le corresponde un 15% aproximadamente. Sin embargo, el portavoz manifestó que el Ejecutivo de Aina Calvo «llegó a algún tipo de acuerdo» con Mapfre que le eximía de tener que pagar el sobrecoste y los técnicos municipales entienden que no es así». Calvo aclaró que Mapfre únicamente está exenta de pagar el sobrecoste por el incremento de la edificabilidad al permutarse solares de primera línea por otros de segunda, pero no del resto. El gobierno de Isern cuestionó las palabras de la ex alcaldesa y recordó que Mapfre ya ha llevado a los tribunales a Cort cuando le ha reclamado el sobrecoste en otras ocasiones. Martínez destacó que algunas de las empresas afectadas por los sobrecostes se niegan a asumirlos y otras han pedido un aplazamiento de los pagos, lo que provocará «problemas de tesorería a Cort».
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Sentencia. El portavoz también informó de la sentencia que «quitaría la razón a la Emaya de UM en el contencioso presentado contra el Ajuntament del PSOE» la pasada legislatura, ya que el juez entiende que «pese a estar gobernados por diferentes partidos, Cort y Emaya son teóricamente lo mismo por lo que se estaría demandando a sí mismo».