El diputado Antoni Pastor, suspendido cautelarmente como diputado del PP, se desmarcó ayer del partido en una votación que nada tenía que ver con el catalán: se abstuvo para dejar patente que no estaba de acuerdo con un proyecto del Govern de Bauzá, concretamente con el decreto de medidas urgentes que recorta derechos del personal público de la Comunitat Autònoma.
Según Pastor, esos recortes no estaban en el programa electoral del Partido Popular, «como tampoco estaba la subida de impuestos» ni otras medidas que está aplicando el partido. Pastor, además, votó con la oposición a la hora de pedir al Govern que ese decreto se tramitara como una ley.
Quiere ir al Grupo Mixto
Los desmarques de Pastor no tienen ningún efecto práctico dada la mayoría absoluta `popular' pero sí incrementan la tensión y son exhibidos por el PP para justificar sus suspensión de militancia. La portavoz ‘popular', Mabel Cabrer, dijo que las votaciones de Pastor demuestran que sus discrepancia no era sólo por la ley que rebaja el catalán. Cabrer afirmó que Pastor «defrauda al electorado» y que lo ocurrido ayer demuestra «lo acertado» del expediente de suspensión cautelar de militancia. Cabrer entiende que Pastor debe dejar el escaño, aunque ayer no aventuró si el Partido Popular se lo reclamará formalmente.
Pastor sí votó igual que el PP a la Ley de Turismo que defendió Carlos Delgado y que fue motivo de un tenso enfrentamiento entre oposición y PP. Pastor tampoco se desmarcó en un decreto sobre sanciones en materia de transportes. Pastor advirtió que, a partir de ahora, votaría según su conciencia. El diputado, que ayer estrenó nuevo asiento en el pleno, reivindicó la reacción del Grupo Mixto y pidió a Pere Rotger que fuera flexible.
Antoni Pastor no pudo intervenir en el debate y explicó las razones de su desmarque fuera del pleno. Dijo que no estaba de acuerdo, ni en el fondo ni en la forma, con los recortes al personal de los servicios públicos.
El vicepresidente económico, Pep Ignasi Aguiló, al presentar el decreto que cambia las normas por la que fueron contratados, afirmó que muchas de estas medidas «separaban a los empleados públicos del común de los trabajadores del sector privado», lo que llevó a la oposición a acusarle de dar a entender que tenían «privilegios».