El delegado del Gobierno, José María Rodríguez, espera que el alcalde de Manacor, Antoni Pastor, «cumpla con sus compromisos» con el PP en la votación de este martes de la modificación de la Ley de Función Pública, mediante la cual el catalán dejará de ser un requisito para convertirse en un mérito a la hora de trabajar en la administración pública.
En una entrevista concedida a Europa Press, Rodríguez se ha referido así a la posibilidad de que Pastor rompa con la disciplina de partido y vote en contra o se abstenga en la citada votación, después de que el primer edil ya haya expresado su rechazo a la modificación de la Ley de Función Pública en lo que hace referencia al catalán.
Preguntado sobre si el PP podría adoptar la decisión de expulsar a Pastor del partido, en caso de que no apoye la citada modificación, Rodríguez ha indicado que si el dirigente 'popular' vota en contra de la disciplina de partido, «habrá que analizar qué medidas se toman», aunque ha dicho que no quiere «adelantar acontecimientos».
No obstante, el delegado del Gobierno ha aseverado que en el PP «cabe todo el mundo», por lo que ha indicado que es partidario de que «cada uno actúe como le dicte su conciencia».
«El PP es un partido grande y generoso donde nadie sobra y donde todos tenemos cabida, inclusive si alguien discrepa, nos hace a todos reflexionar y analizar si lo estamos haciendo bien o no», ha remarcado Rodríguez, quien ha subrayado que «bajo ningún concepto» está en peligro el catalán.
Así, ha dicho que los únicos que están en «peligro» son «posiblemente, algunos que utilizan el catalán como arma excluyente». De este modo, ha manifestado que el PP quiere que el catalán sea un «instrumento de cohesión y unión y no de exclusión, tal como lo aprobó el PP en su programa electoral, que fue refrendado por los ciudadanos y por las bases del PP en la elección de José Ramón Bauzá como presidente de esta formación en el pasado Congreso Regional».
«IMITAMOS EL MODELO DE LA UNIVERSIDAD»
Rodríguez ha explicado que lo único que se está haciendo convirtiendo el catalán en un mérito y no en un requisito para trabajar en la administración pública es «imitar el modelo de la Universidad, a la que nadie cuestiona que defiende, propicia y promueve el catalán», a pesar de que «no exige» el conocimiento de esta lengua en sus convocatorias de la oferta pública de empleo.
«El Govern debe promover y propiciar el catalán, pero evidentemente, no debe ser un instrumento de exclusión para aquellos que quieran trabajar en el Ejecutivo», ha resaltado Rodríguez, al tiempo que ha deseado alcanzar un «pacto de convivencia» entre todos los partidos políticos en materia de la lengua propia de las islas.
En esta línea, ha afirmado que este acuerdo sería «positivo para los ciudadanos», ya que «las armas arrojadizas no valen para nadie y, además, se vuelven en contra de quien las lanza, como un boomerang».
El delegado del Gobierno ha estimado «necesario» que los ciudadanos se sientan «a gusto utilizando la lengua vehicular que ellos quieran», teniendo en cuenta que «los derechos no son de las lenguas, sino de los ciudadanos, quienes tienen derecho a elegir libremente aquello que más se identifiquen con ellos sin que eso signifique que menosprecia o que no apoya al otro»