El conseller de Educación, Cultura y Universidades, Rafael Bosch, ha afirmado hoy en el Parlament que la política lingüística del Govern se ajusta a la jurisprudencia sobre esta cuestión y a la constitucionalidad del uso del catalán y del castellano.
Con ocasión de una pregunta en la Cámara legislativa, Bosch ha recordado la última sentencia del Tribunal Superior de Cataluña sobre el uso del catalán en el Ayuntamiento de Barcelona, que establece que debe existir siempre un «equilibrio» entre las lenguas oficiales, catalán y castellano, y eso es precisamente la política que está desarrollando el ejecutivo autonómico balear.
El Alto Tribunal, ha añadido Bosch, ha sentenciado que la «cualificación jurídica del catalán como lengua preferente es inconstitucional».
En segundo lugar, la sentencia fija que no existe un deber general de conocimiento del catalán paralelo al del castellano, aunque «en todo caso se debe exceptuar en la enseñanza, y esto es justamente lo que pretende el Govern: adaptar la normativa de los últimos 25 años a la constitucionalidad», ha declarado Bosch.
El diputado socialista Lluís Maicas ha lamentado que el ejecutivo de José Ramón Bauzá haya «roto» el consenso lingüístico con la modificación de la Ley de Normalización Lingüística que aprobaron todos los partidos de Baleares en 1986 cuando Gabriel Cañellas (PP) presidía la comunidad autónoma.
Tras conocerse los primeros resultados de la elección de los padres sobre la lengua vehicular en la primera enseñanza, mayoritariamente favorable al catalán, Maicas ha pedido al Govern que «rectifique» su política lingüística.
«Los padres de estas islas han demostrado una madurez, una inteligencia y un sentido común propios de personas sensibles», ha manifestado Maicas.