Miles de empleados públicos vieron ayer modificadas, de la noche al día, las condiciones laborales que firmaron cuando se incorporaron a su puesto de trabajo.
Ayer se aprobó, y desde ayer está en vigor, un decreto ley que establece una serie de medidas que, en un primer momento, afectarán al personal dependiente del Govern, sus empresas y el personal docente y hospitalario y que también se aplicará en los ayuntamientos, los consells y en el Parlament.
El decreto que ayer publicaba el BOIB incluye una corrección ‘de género' poco habitual: deja claro en una disposición adicional que «todas las denominaciones que en este decreto ley aparecen en masculino se han de entender, también, referidas al femenino».
Las medidas contenidas en el decreto forman parte del plan de ajustes presentado por el Govern para contener el déficit. El ahorro anual que espera conseguir el Ejecutivo es de 80 millones de euros.
A partir del 1 de julio
Desde ayer quedan suspendidos los complementos retributivos por productividad y servicios extraordinarios y se anulan las horas extra, los complementos para la prestación por incapacidad temporal, la prolongación del servicio después de la edad de jubilación y los días adicionales de vacaciones y asuntos propios.
El decreto contempla también la ampliación de la jornada laboral del personal autonómico de 35 a 37,5 horas semanales, una medida que entrará en vigor el 1 de julio.
Las medidas contenidas ayer, y que después se ampliarán al resto de instituciones, afectan al personal laboral y funcionarial de la Comunitat, al personal docente no universitario, al personal estatutario de la sanidad y a las empresas públicas. Rafel Bosch, que además de portavoz es el conseller d'Educació, reseñó que esta normativa implicará que en el próximo curso, los centros de enseñanza cuenten con entre 600 y 650 profesores interinos menos.
El decreto contempla además la reducción de la cuantía de determinadas retribuciones añadidas que venía percibiendo el personal estatutario al servicio de la sanidad pública y suspende los acuerdos de la llamada «carrera profesional», que conllevaban mejoras salariales para los sanitarios.
Los recortes afectan a los días «por asuntos propios» (sólo quedarán los previstos en la legislación estatal), a días adicionales de vacaciones y a ayudas sociales. La norma establece más controles horarios y la necesidad de justificar mejor las bajas. Las que no sean por enfermedad, y no se justifiquen, supondrán el descuento de sueldo en la nómina siguiente.