El Govern ha aprobado un decreto ley que establece nuevas condiciones laborales para el personal al servicio de la administración autonómica con el objetivo de ahorrar este año 80 millones de euros, medidas que se enmarcan en el plan para cumplir el objetivo de déficit del 1,5 % del PIB.
Desde hoy, se suspenden los complementos retributivos por productividad y servicios extraordinarios de los empleados públicos y se anulan las horas extra, los complementos para la prestación por incapacidad temporal, la prolongación del servicio después de la edad de jubilación y los días adicionales de vacaciones y asuntos propios.
El decreto, que recoge las medidas incluidas por el Govern en el plan de equilibrio económico que aprobó el Ejecutivo central, contempla también la ampliación de la jornada laboral del personal autonómico de 35 a 37,5 horas semanales, una medida que entrará en vigor el 1 de julio.
El portavoz del gabinete balear, Rafael Bosch, ha dado cuenta tras la reunión del Consell de Govern de la aprobación de esta normativa, que en el ámbito del departamento que él dirige, el de Educación, implicará que el próximo curso los centros de enseñanza cuenten con entre 600 y 650 profesores interinos menos.
Además de los cambios en la regulación laboral ya indicados, que se aplicarán a todos los empleados públicos autonómicos, en el ámbito del personal de servicios generales se promueve la reducción del horario en un tercio de la jornada, se suspenden diversos complementos retributivos y se facilita el recorte de plantillas mediante excedencias voluntarias y licencias por asuntos propios.
Los docentes no universitarios que ejerzan como tutores y jefes de departamento dejarán de cobrar por ello, se ampliarán las ratios de alumnos por aula en un 20 % y se suprimirá la contratación de nuevos interinos.
El Govern ha rectificado su decisión original de que no se cubrieran las bajas de profesores de menos de 30 días y ha fijado en 10 días lectivos el periodo a partir del cual los docentes enfermos serán reemplazados por interinos.
Tanto en sanidad como en educación se suspende la convocatoria de nuevas oposiciones hasta que no se aprueben las respectivas relaciones de puestos de trabajo.
El decreto contempla además la reducción de la cuantía de determinadas retribuciones añadidas que venía percibiendo el personal estatutario al servicio de la sanidad pública y suspende los acuerdos de la llamada «carrera profesional», que conllevaban mejoras salariales para los sanitarios.
En cuanto al personal de las empresas y fundaciones públicas, la nueva norma, que se publica hoy en el boletín oficial de la Comunidad, fija límites retributivos.
Bosch ha defendido la necesidad de estas medidas dada la mala situación financiera de la administración autonómica y el compromiso de cerrar el año con un déficit máximo del 1,5 % del PIB.
El decreto ley se complementa con un plan de flexibilización de los horarios de los trabajadores de los servicios generales de la Comunidad paralelo a la ampliación de su jornada semanal de 35 a 37,5 horas.
Todos los funcionarios y personal laboral ajenos a los sectores sanitario y educativo tendrán que trabajar diariamente de 9.00 a 14.00 horas, pero podrán optar por entrar a partir de las 7.30 horas o alargar la jornada hasta las 16.30 horas (hasta las 18.00 los martes y miércoles) en función de sus necesidades personales o familiares.