El Parlament ha aprobado este martes la Ley de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible, que permite una nueva regulación de suelo urbano y urbanizable y que, según el PSM-IniciativaVerds-Entesa i Mès per Menorca, «prostituye el concepto de sostenibilidad». En la votación se han aprobado dos enmiendas del grupo econacionalista.
Por parte del PSIB-PSOE, han criticado que la Ley permite saltarse las directrices de Ordenación Territorial y en un momento en que toca rebajar el crecimiento debido a que está ultrapasado en muchos municipios, éste se aumenta.
El diputado socialista Jaume Carbonell ha criticado, al igual que ha hecho el econacionalista Antoni Alorda que «no hay una sola disposición en la ley que vele por la sostenibilidad», por lo que ha recordado que «una mala regulación urbanística produce consecuencias catastróficas irreversibles en el territorio».
Alorda, por su parte, ha defendido que se deberían quitar las palabras «sostenible» y «urgente» en el nombre de la Ley y ha destacado que ésta deja la previsión de «zonas verdes a un nivel menor que hace 40 años».
El PSIB-PSOE se abstiene de votar las enmiendas del PSM
Cabe destacar que en la votación de las enmiendas, el PSIB-PSOE se ha abstenido. Por otra parte, la votación de la Ley en sí se ha realizado en dos partes y ha sido aprobada sólo con los votos del PP. En la primera, ha habido cinco abstenciones, 19 votos en contra y 34 a favor y en la segunda, 34 a favor y 24 votos en contra.
Una de las dos enmiendas que han sido aprobadas ha sido la 2.380, que añade un primer punto a la disciplina urbanística regulada en el artículo 27.1: «No someter al edificio a la inspección técnica cuando haya estado obligado por la normativa vigente».
La otra enmienda aprobada del PSM-IV-ExM es la 2.371 que ha sido transaccionada y establece que «los centros de producción, de servicio, de transporte y de provisión de energía eléctrica y de gas, incluidos los de energías renovables, así como las instalaciones necesarias, para su conexión a la red de distribución y redes destinadas a eficiencia energética» tendrán consideración de «actividades relacionadas con las infraestructuras públicas».
«Recuperación de los falsos urbanos»
En el debate de las enmiendas, las principales críticas de la oposición han ido dirigidas a las «urbanizaciones ilegales», a que «se baje el ratio de las zonas verdes por habitante», a la «recuperación de los falsos urbanos», a la «perversión de los términos» y a que se incluya una central de compras, así como el tema de la posible urbanización de Cala Blanca o «que se urbanice encima de un Area Natural de Especial Interés (ANEI)».
Según el Decreto Ley de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible, fija una nueva regulación de suelo urbano y urbanizable y permitirá que los ayuntamientos de las islas puedan llevar a cabo modificaciones urbanísticas, aunque no les quita la obligación de adaptarse a los planes territoriales.
Durante su tramitación como proyecto de ley, se han transaccionado dos enmiendas del PSIB y se han aceptado dos del PSM-IV-ExM sobre la forma de tramitar las infracciones urbanísticas.
Asimismo, se sancionará, a propuesta de la coalición econacionalista, a los edificios que no se sometan a las inspecciones técnicas que sean obligatorias según la normativa.
Según anunció la diputada 'popular' Virtudes Marí, se consiguen clarificar los usos en suelo rústico siguiendo el espíritu de la Ley del Suelo Estatal y se crea un marco de regulación para que sean los Ayuntamientos los que determinen cómo proceder a la ordenación urbanística de su municipio.