El excontable de Unió Mallorquina (UM) Álvaro Llompart ha testificado hoy en el juicio del caso Maquillaje que la expresidenta del partido y del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, tenía «el control» del «dinero B» que se manejaba en la extinta formación nacionalista.
Llompart, que colabora con la Fiscalía en varios casos de corrupción, ha testificado a petición del ministerio público en el juicio sobre un supuesto desvío de dinero del Consell de Mallorca a una productora que era supuestamente propiedad de Munar y del exvicepresidente de la institución insular Miquel Nadal.
Llompart ha asegurado al tribunal de la Audiencia de Palma que en la sede de UM existía una caja de dinero negro que solía tener una media de 60.000 euros y ha añadido que todos los miembros de la ejecutiva del partido conocían de su existencia.
Ha asegurado que el entonces presidente Miquel Ángel Flaquer, quien le forzó a afiliarse al partido y llevar su contabilidad para conservar su puesto en el Instituto de Estrategia Turística del Govern, también manejaba «dinero B».
Este dinero provenía de proveedores de la Administración y de UM que «rendían cuentas» y pagaban «comisiones» al partido, ha explicado.
Además de la «caja B» que existía en la sede de UM, ha indicado que había más dinero negro que manejaba Flaquer, según este último le había explicado, y que el entonces presidente trabajaba para Maria Antònia Munar.
«Todo se regía desde la señora Maria Antònia Munar», ha apuntado, y ha agregado que el mismo Flaquer le explicó que rendía cuentas a la entonces presidenta del Consell de Mallorca a pesar de que Munar ya no lideraba el partido.
En un momento dado, ha dicho, Flaquer le dijo que destruyera la documentación que tenía sobre el dinero negro, algo que no hizo, y posteriormente la entregó a la Fiscalía.
En el juicio se juzga el supuesto desvío irregular de 240.000 euros del Consell a través de la productora Vídeo U, una empresa que, según la Fiscalía Anticorrupción, compraron mediante testaferros Nadal y Munar, dirigentes de la extinta Unió Mallorquina (UM) y que se enfrentan a peticiones fiscales de 6 años de cárcel.