El empresario castellano-manchego Domingo Díaz de Mera negó ante el fiscal Pedro Horrach y la policía haber abonado 300.000 euros a Iñaki Urdangarin como contrapestración por sus servicios de asesor «en temas personales y profesionales», tal y cómo declaró el duque de Palma el pasado 25 de febrero ante el juez del 'caso Nóos', José Castro.
Díaz de Mera, presidente del equipo de balonmano Ciudad Real, accionista del aeropuertos que se está construyendo en esa ciudad, declaró en calidad de testigo el pasado 7 de mayo en la Jefatura Superior de la Policía de Palma.
Explicó que Urdangarin adquirió los derechos sobre 136.364 acciones de la sociedad Inmocaral, que en 2006 cotizaba en Bolsa, y que había sido adquirida por Global Consulting Partner, cuyo consejo de administración presidía él mismo.
Dinero
Dijo que el yerno del Rey no tuvo que desembolsar dinero alguno por dicha operación y añadió que poco después, en 2007, las acciones de Inmocaral duplicaron su valor, decidieron venderlas realizando la correspondiente liquidación a los cesionarios, entre ellos, Urdangarin. Como el marido de la infanta Cristina había declarado que ese dinero lo percibió de Díaz de Mera por su tarea como asesor, el empresario matizó ante el fiscal y la policía que eso no era así. «Lo declarado por Urdangarin no es cierto, está confundido, nunca me ha prestado labores de asesoramiento», subrayó.
Inhibición
Por otra parte, el expresidente del Govern Jaume Matas recordó ayer a través de su abogado Antonio Alberca que solo una de las acusaciones del 'caso Nóos', Manos Limpias, se ha opuesto a su petición de que el juez José Castro se inhiba de la causa.
«La Fiscalía Anticorrupción no se ha pronunciado al respecto, como erróneamente se informaba días atrás y como el propio juez reconoce en el auto hecho público ayer (el jueves)», explicó Alberca a este diario. El letrado madrileño se mostró muy crítico con el contenido de la resolución dictada por el juez Castro, en la que rechaza apartarse de la causa tal y cómo le había solicitado Matas.
«El instructor pierde las formas que sería exigible en estos casos», ha señalado Alberca en relación al auto del titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma.