La patronal de la pequeña y mediana empresa PIMEM, una vez su junta directiva aprobó este martes por unanimidad el ERE y la nueva estrategia a seguir en la actual coyuntura de crisis, unificará sus estructuras internas optimizando las oficinas centrales, con el fin de albergar a sectoriales y poder reducir con ello gastos corrientes, y aplicará una gestión de caja única, con el fin de poder recaudar lo máximo posible y llegar a los 350.000 euros anuales de presupuesto.
El presidente de PIMEM, Jaume Xavier Roselló, afirma que «la situación nos obliga a actuar con un nuevo paradigma de funcionamiento para ser viables económicamente y poder defender los intereses de todos nuestros asociados ante las administraciones. Es por ello, que se va a endurecer la estrategia de la PIMEM con respecto a las políticas sociales y económicas del Govern».
Operatividad
Roselló puntualiza que ante la bajada de pago de cuotas y la cancelación de todas las ayudas públicas, «urge blindarnos y reinventarnos».
Asociados y presidentes de sectoriales de PIMEM coinciden en señalar que «es vital la unión de los colectivos minoritarios. Habrá que ver sí es viable o no la existencia de las 67 asociaciones que integran PIMEM, ya que la falta de presupuesto obliga a reducir costes y aprovechar al máximo las sinergías. Todo ha cambiado a nivel de patronales y hay que actuar con otros criterios, con la idea clara de aprovechar al máximo las sinergías».
Aquí, se encuadra la intención de unificar sectoriales en una misma sede, caso del sector de la industria, que engloba a unos 500 asociados, o el de servicios, que aglutina a unos 800 asociados. «Se trata de unificar estructuras internas de dirección, espacios físicos y establecer una caja única», especifica el presidente de la PIMEM.
El ERE aprobado en la junta directiva motivará, una vez sea ratificado por la autoridad laboral, conllevará la reducción de la jornada laboral de hasta un 60 por ciento, así como salarios de la plantilla de trabajadores.
La patronal, sobre este punto, aclara que el ERE «tiene como objetivo ajustar la drástica y reiterada merma de ingresos en la PIMEM, sobre todo por la reducción de asociados y por el cese de actividad del negocio. A esto hay que sumar la importante deuda que tiene el Govern con esta patronal en materia de proyectos y cursos de formación efectuados y no abonados, y a la carga hipotecaria que sufrimos por la sede».
Esta carga hipotecaria, tras ser refinanciada, supone un coste anual de nos 70.000 euros, con una deuda bancaria global que alcanza 1,2 millones de euros.
La asamblea general que tendrá lugar a finales de junio, según Roselló, «será determinante para marcar el futuro de esta patronal, más aún cuando en la junta directiva hubo absoluta unanimidad en la toma de decisiones y estrategia a seguir».