La jueza instructora del caso Voltor, Carmen Abrines, ha citado a declarar como imputados, el día 22, al alcalde de Porreres, Bernat Bauçà, y al exdirector gerente del Instituto de Estrategia Turística Miquel Oliver, mientras que para el 23 ha emplazado al exconseller de Turismo Francesc Buils, en el marco de una nueva pieza que indaga la concesión presuntamente irregular de 500.000 euros por parte del Inestur al Ayuntamiento de Porreres con el fin aparente de desarrollar un proyecto de artes escénicas.
Se trata del último fleco que ha sido incoado en el marco de esta causa, el número 15, después de que la Fiscalía Anticorrupción aportase un escrito por el que solicitaba la apertura de una nueva pieza destinada a averiguar el destino que se dio a los fondos públicos concedidos fruto del convenio -firmado en abril de 2008- dirigido a 'establecer las vías de colaboración entre Inestur y la Fundación Auditorio de Porreres' para impulsar esta iniciativa.
Y es que, tal y como consta en el auto dictado por la magistrada para abrir esta pieza, los imputados «se pusieron de acuerdo para lucrase con fondos públicos del Inestur», para lo cual tanto Buils como Bauçà rubricaron el documento mediante el que el Ayuntamiento de Porreres solicitó al Inestur el ingreso de 250.000 euros correspondientes al año 2008, la misma cantidad que fue abonada un año después.
Así las cosas, los investigadores postulan que, para justificar a qué se aplicaron los 500.000 euros, el Auditorio aportó facturas fechadas en los años 2006, 2007 y los primeros meses de 2008, y por tanto anteriores a la firma del convenio. Es más, otras facturas incluían conceptos ajenos al concepto del acuerdo, la mayoría de los cuales correspondían a obras que supuestamente se llevaron a cabo en el Auditorio.
Asimismo, como justificación de los gastos se presentaron fotocopias de facturas no cotejadas ni compulsadas, mientras que, según la Fiscalía, no hay constancia de que las facturas hayan sido pagas por la Fundación Auditorio de Porreres.
Es por todo ello que las pesquisas apuntan a que los importes transferidos, en lugar de ser aplicados al desarrollo del proyecto de artes escénicas, se habrían utilizado para «supuestas obras ajenas al convenio», al tiempo que se justificaron gastos efectuados con anterioridad a la vigencia del convenio, principalmente correspondientes a los años 2006 y 2007.
Tanto es así que los investigadores sostienen que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a la administración.