El Gobierno central ha aprobado el plan de ajustes que ha presentado el Ajuntament de Palma, lo que le permitirá poder acogerse al plan de pago a proveedores. Aunque inicialmente Cort ha solicitado 108,9 millones de euros, se desconoce la cifra exacta, ya que desde el departamento de Intervención municipal aún siguen analizando las facturas que no se encontraban en la lista elaborada por el Consistorio palmesano.
Entre el 9 y el 15 de mayo, Cort convocará un pleno extraordinario para ratificar el plan que prevé un ajuste de 549,1 millones de euros en 10 años. En concreto, en 2012 el ajuste será de 69,9 millones de euros; así como 48,3 millones en 2013; 45,7 millones en 2014; y 46,2 millones en 2015; entre 2016 y 2022 el ajuste oscilará entre 47 y 49 millones de euros anuales. Sin embargo, fuentes municipales aseguran que los ciudadanos no notarán el plan de ajustes, ya que sigue la línea implantada por el gobierno de Isern a principios de legislatura (actualización de impuestos con el IPC, IBI progresivo, inspección tributaria, recorte de altos cargos, etc).
Medidas del plan de ajustes
Una de las principales novedades del plan de ajustes es que Cort hará «una graduación de sanciones» -no todas serán leves- y se realizarán inspecciones en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (Icio) «con la novedad de exigir el tributo y las sanciones a aquellas obras sin licencia, junto con un mayor control de las herencias yacentes», que ahora solían dejar pasar cuatro años para no pagar la plusvalía. Con estas dos nuevas medidas se prevé recaudar unos 394.000 euros.
El plan también recoge un déficit en la financiación de los servicios públicos prestados de 68,3 millones de euros, aunque el gobierno municipal asegura que no se van a recortar los servicios deficitarios. Se trata de la recogida de basuras, los servicios sociales y asistenciales, los educativos, deportivos, culturales, protección civil, transporte colectivo urbano de viajeros y gestión urbanística; sí cubren los gastos la tasa de abastecimiento de agua, el servicio de alcantarillado, el tratamiento de residuos y el saneamiento. El salto a la administración digital es otra de las medidas del plan de ajustes, que prevé la optimización de la impresión, la posibilidad de ir a la nube (ahorro de licencias y alojamiento de información, que permitiría ahorrar 100.000 euros al año); así como la reducción del 40% del personal del Institut Municipal d'Innovació (IMI), mediante jubilaciones.