La consellera de Salut, Família i Benestar Social, Carmen Castro, afirmó ayer que se ha creado una comisión técnica para evaluar cómo se aplicará la reforma sanitaria en las Islas «de la manera más justa y que menos perjudique a los ciudadanos».
Castro quiso tranquilizar ayer a los usuarios de la sanidad pública balear y en concreto a los que utilizan el transporte sanitario no urgente, manifestando que el transporte sanitario programado seguirá siendo gratuito, al menos durante los próximos seis meses.
Críticas
El secretario de Salut del PSIB-PSOE alertó ayer de las «graves dificultades» que tendrán algunos colectivos de ciudadanos españoles, además de los inmigrantes sin papeles, para poder tener cobertura sanitaria, como los mayores de 26 años que todavía no hayan podido acceder a un puesto de trabajo o mujeres divorciadas que nunca hayan cotizado. «El PP está dejando a esta gente fuera del sistema sanitario público y obligándolos a contratar seguros privados», afirmó Thomàs.
El coordinador de EU, Manel Carmona, tildó la eliminación de la asistencia sanitaria a los inmigrantes de «xenófoba» y afirmó que está dirigida al electorado de extrema derecha, matizando que esta medida puede afectar a unas 15.000 personas en nuestra Comunitat Autònoma.
Por su parte Miguel Àngel Romero, de la FSP-UGT, afirmó que lo que está imponiendo el PP es un cambio de modelo sanitario dirigido a la privatización de servicios.
Desde CCOO criticaron las restricciones de los derechos para la población que vive en España.
El Sindicato de Técnicos de Enfermería SAE sostuvo, por su parte, que la reforma «desvirtúa el concepto de sanidad pública, gratuita y universal», aunque reconoció que es evidente la necesidad de frenar abusos» pero que ello no justifica dejar fuera del sistema, por ejemplo, «a los jóvenes de 26 años que no hayan cotizado, entre otras circunstancias, por la imposibilidad actual de hacerlo».
Por otra parte. la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) advirtió ayer, a través de un comunicado, de los riesgos sanitarios de dejar a los inmigrantes sin papeles de una atención sanitaria continuada. «Restringir su atención sanitaria a la vía urgente puede generar mayores gastos y dificultar el control de enfermedades transmisibles como la tuberculosis», afirmaron los profesionales de la Atención Primaria.